El miércoles por la mañana, la oveja negra priista, la elegida para el sacrificio, pidió licencia para separarse del cargo definitivamente del cargo. Javier Duarte de Ochoa llegó por la tarde del martes a la Ciudad de México. Entrada la noche se reunió con el titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, a quien informó que dejaría el cargo definitivamente.
El cordobés se separó del puesto a causa del reportaje “Las empresas fantasmas de Veracruz”, del periodista Arturo Ángel publicado por el portal Animal Político. En la investigación se exhiben, con papeles de prueba, las 33 empresas, manejadas por el círculo cercano al gobernador, que ganaron 3 mil 300 millones de pesos en contratos con el gobierno estatal.
Derivado del texto periodístico, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) inició una indagatoria formal. La dependencia exigió a la Contraloría veracruzana solventara las irregularidades señaladas en la cuenta pública. El gobierno nunca respondió y se interpusieron 32 denuncias por posibles delitos fiscales. A la investigación se sumó el Servicio de Administración Tributaria (SAT) quien denunció a varios colaboradores duartistas. Sólo se ha concretado una orden de aprehensión contra Victorino Benítez Márquez, uno de los hombres que aparece como socio de las empresas “fantasma” Bienart y Publicidad Akkira.
El robo al erario público exhibido fue la razón principal por la que Javier Duarte abandonó la gubernatura. Sin embargo, la deuda social es superior a los miles de millones atracados. Los muertos, los desaparecidos, los pobres y la falta de Estado de Derecho es una cuenta mucho más importante y valiosa. El ahijado de Fidel Herrera Beltrán entregó la entidad al narcotráfico y, además, dio permiso a los cercanos para cometer todos los abusos posibles, como golpear o asesinar a los ciudadanos críticos de su gobierno.
Duarte de Ochoa no aceptó que el reportaje fue la piedra angular para que hoy se esconda. En cambio, dijo, “no puedo estar atendiendo las denuncias que tengo y sin dejar de atender la responsabilidad que tengo, y en uso de mis facultades y con la responsabilidad, y por el amor que le tengo a mi estado y a mi gente, es que he decidido separarme del cargo y tener tiempo de atender las denuncias que obra en mi contra que son provenientes de un solo sujeto, el gobernador electo (Miguel Ángel Yunes Linares)”.
En el Congreso de Veracruz el proceso para suplir a Duarte fue de jaloneos y discursos inútiles que duraron 8 horas. Quince minutos antes de iniciar el jueves, 7 diputados priistas votaron a favor de que Flavino Ríos Alvarado fuera el gobernador sustituto para los próximos 47 días. Hoy, uno de los cómplices de Javier Duarte es el encargado del proceso de transición estatal. El hombre dejó la oficina de la Secretaría de Gobierno para subir al piso siguiente y perpetrar el control del grupo. La salida de Duarte de Ochoa es una pequeña alegría a los veracruzanos. Aunque el suplente no es muy distinto, vaya es lo mismo: billetes manchados de sangre.
Si fuera en Tamaulipas
En el hastío de la espera legislativa veracruzana, el fotoperiodista Alberto Delgado me preguntó: ¿Cómo se hubiera arreglado el nombramiento de un gobernador interino en Tamaulipas?. Durante las varias crisis de seguridad se habló de que Egidio Torre Cantú dejaría el cargo, situación que no sucedió. En nuestro triste tamaulipeco caso, el último gobernador priista se mantuvo firme en su papel de fantasma; nunca hizo demasiado ni para bien ni para mal, a diferencia de Duarte, quien se esforzó por ser el más malo y cínico de malolandia. Insisto, en nuestro trágico tamaulipeco caso, el último gobernador nadó de muertito entre los muertos y desaparecidos.
Extinción de dominio
El análisis de los alcances legales de Ley de Extinción de Dominio en Tamaulipas es una prioridad en la mesa jurídica del gobierno cabecista. Los trabajos van encaminados en definir si es necesario una reforma que se adapte a los casos de tráfico de bienes públicos y los planes del mandatario Francisco García Cabeza de Vaca. En Altamira se señala otro posible caso de “obra pública”, pagada con dinero estatal y federal, que realmente fue negocio para políticos, constructores y hasta columnistas de periódicos.
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