“La mejor justicia no siempre es la mejor política” Abraham Lincoln
No es una novedad que, no sólo a nivel nacional, sino también en diferentes países del mundo, la investigación de los delitos y la administración de justicia, en ocasiones, juega un papel importante en los juegos de la política, que el dicho “al pueblo pan y circo” es utilizado para ganarse adeptos por los partidos políticos, incluso enviando carne de sus propias organizaciones a los leones, para recibir el aplauso popular.
Y es que el caso del aún Gobernador de Veracruz, Javier Duarte, se da en un momento donde el PRI y el Gobierno Federal buscan recuperar terreno de cara a las elecciones presidenciales, al contar con mínima aprobación de la población.
Este caso es muy singular, pues dicho mandatario estatal goza del fuero constitucional, ya que su gobernación termina hasta finales del mes de noviembre y, aun cuando solicitó licencia para abandonar su cargo, la orden de aprehensión que se ha girado en su contra por el delito de peculado, no puede hacerse efectiva en tanto goce del fuero.
Algunos opinan que debería realizarse un juicio de procedencia (desafuero), este procedimiento de naturaleza política (pues se hace ante el órgano legislativo) es desgastado y lleva su tiempo (aproximadamente 60 días), aunado a que el Congreso de Veracruz tiene un rezago de 352 solicitudes de juicio político pendientes de resolver, nunca se resolvería a tiempo.
Por otra parte, el ex Gobernador de Sonora del PAN, Guillermo Padrés, compareció el 27 de septiembre ante la Comisión Anticorrupción de Acción Nacional, y al parecer se encontraba una orden de aprehensión girada en contra de dicho ex mandatario, a lo que el Presidente de su partido, Ricardo Anaya, respondió que desconocía de dicha orden, que se enteró días después de la misma a través de los medios de comunicación, ¿será?
En ambos casos se busca el mismo fin, posicionarse ante el electorado, extendiendo un mensaje de que en sus organizaciones políticas no dan cabida a la
corrupción, pero ¿acaso nunca supieron de los excesos de esos mandatarios? Es difícil creer que todos desconocían el desorden en dichos estados.
Además, ¿no estarán politizando la justicia? Los movimientos de última hora y el factor mediático de los casos hacen pensar que sí; hay una regla básica en la práctica del derecho penal, el que busca encarcelar a alguien no le avisa, ¿se les está dando o se les dio ventaja a los ex gobernadores para buscar escapar de la justicia?
Dicen que golpe que no mata hace más fuerte, si no se logra sentenciar con firmeza a estos personajes, es decir, que no salgan mediante juicio de amparo por alguna detención ilegal o violación al procedimiento, las acciones sólo mostrarían falsedad y debilidad; asimismo, la ciudadanía no es la misma de antes, quiere ver resultados y acciones concretas, limpiar el sistema político mexicano de los vicios, pero de los vicios actuales y de servidores públicos que en este momento se encuentren en funciones, no aprovechar únicamente los que han salido o van de salida.
Claro es que en todas las organizaciones partidistas existen buenos y malos, sin embargo, la justicia no puede ni debe usarse para fines partidistas, sino estaríamos expuesto a un jugueteo de la justicia que sólo se daría en momento de inestabilidad política para ser aprovechado por los partidos políticos, y éstos son entidades de interés público (art. 41 constitucional) y como tales, es su tarea representar dignamente al electorado, depurase en su interior de manera continua para dar una cara ciudadana y honesta, pues, como dice la frase: el buen juez, por su casa empieza.
FUERA DE LUGAR… El asesinato del juez federal Antonio Bermúdez, a pocas cuadras de su casa en Metepec, Estado de México, es un ejemplo del retroceso nacional, pues desde el 2006 no habían asesinado a servidores judiciales federales. Si ni los jueces federales están libres de la delincuencia, ¿cómo se encuentra la ciudadanía?
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