Cuarenta y cinco días antes de que terminara el último gobierno priista de Tamaulipas, a la oficina del entonces titular de la Procuraduría General de Justicia (PGJ), Ismael Quintanilla Acosta, llegó una notificación de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la Procuraduría General de la República (PGR). El documento era la orden de exhumar todos los cadáveres de las fosas comunes en Reynosa.
La exhumación de cuerpos fue solicitada por María Isela Valdez y Juan Rabasa Robles, quienes buscan a sus hijos desaparecidos. Ambos casos son crueles y una muestra de lo que ocurrió y sigue ocurriendo en la entidad. La delincuencia en contubernio con las autoridades secuestraron a sus familiares, pagaron por que los liberaran, los volvieron a privar de la libertad y, en el lapsus de reunir el nuevo monto de rescate, ya no supieron de ellos.
Empero, en esta ocasión parece que la procuradora Arely Gómez González se interesó por los casos. El primer gesto a favor de las víctimas tamaulipecas fue incluir a Roberto Quiroa Flores Valdez en el programa de recompensas por información de desaparecidos. El 29 de diciembre de 2015, la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en materia de Secuestro (UEIDMS) autorizó pagar un millón 500 mil pesos a quien diera datos que ayudaran a localizar al hijo de la señora María Isela.
Los anuncios y las publicaciones ofreciendo la recompensa en diarios de Reynosa, municipio donde Roberto fue secuestrado 3 veces, fueron inútiles. La madre de Roberto, quien también fue víctima de extorsión y privación ilegal de la libertad, dio nuevos datos a la PGR. La investigación personal apuntaba a dos zonas donde posiblemente estaría el cuerpo de su hijo. La Procuradora dio el visto bueno y designó a un grupo de antropólogos forenses y criminólogos de la Ciudad de México para rastrear el caso, tal vez porque no confiaba en el personal de la delegación.
En el proceso de papeleo más padres reclamaron su derecho a la justicia y a encontrar a sus hijos. El primer paso de la búsqueda, incluido en el documento que Ismael Quintanilla recibió, era la apertura de las fosas comunes ubicadas en el panteón Sagrado Corazón, ubicado en Reynosa. El registro de la PGJ indicó la existencia de 300 cuerpos no identificados. En las tres centenas de mujeres y hombres se buscaría a Roberto Quiroa, Jesús Alejandro Rabasa Beas, Diego Armando Bárcenas Mayorga, Juan Manuel Gómez Marmolejo, Roben Ramírez Aguilar y Luis Fernando Gómez Marmolejo. En total, 300 familiares suponen que sus papás, hijas, hermanos, cuñadas, esposos están enterrados en dicho punto.
De acuerdo a información proporcionada por los familiares, personal de las procuradurías exhumaron varias decenas de cadáveres. “Los cuerpos que sacaron de la fosa común informó que eran 13 y resultaron 48, entre ellos un ciudadano americano no identificado y dos guatemaltecos que tampoco fueron registrados”, asegura una familiar víctima que pide anonimato.
El funcionario federal encargado del registro y toma de ADN entregó el reporte a la PGR. Los resultados de los trabajos fueron enviados al gobernador Egidio Torre Cantú y al procurador Quintanilla Acosta. En la recta final de su mandato, el priista no movió un dedo para avanzar en la investigación. La inacción gubernamental fue contrarrestada con la acción de las madres y padres de los desaparecidos. Ellas y ellos encontraron, otra vez, una respuesta positiva de Gómez González.
Por eso, hace quince días el antropólogo forense Darío Susano y el abogado Mario Cruz incursionaron en el área identificada como Las Calicheras. El personal de justicia encontró un pedazo de cadera y un fémur. El pasado lunes, los mismos servidores públicos acompañados de familiares de las víctimas volvieron al predio de aproximadamente 3 hectáreas para buscar. En dos días detectaron 4 fosas, las abrieron y hallaron dedos, ropa, brazos. Hoy terminará la búsqueda en territorio reynosense.
La PGR, tal vez en busca de ganar credibilidad, hará suyos los casos de desaparecidos en el municipio donde nació el gobernador. Datos del Colegio de México (Colmex) revelan que la tasa de desaparecidos en la región fronteriza de Tamaulipas se disparó 4 veces de 2009 a 2010. Si se comprometen el tamaño del hallazgo será descomunal y no habrá oportunidad a ignorar el olor a muerte.
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