CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas.- La Ley de Extinción Dominio, que tiene ya 1,400 días en vigor en Tamaulipas, no ha entregado ninguna propiedad o inmueble para beneficio público de la sociedad tamaulipeca como resultado del aseguramiento de bienes a la delincuencia organizada.
En parte, esto es resultado de la ausencia de nombramiento o de creación de una agencia de Ministerio Público para aplicar esta ley.
Con más de 20 operativos al año, que derivaron en el decomiso de armas, droga y migrantes, en la administración 2011-2016 de Egidio Torre Cantú jamás se aplicó la Ley de Extinción de Dominio para recuperar las propiedades en manos de la delincuencia.
Estas son las conclusiones que se desprenden de un oficio de Transparencia del Poder Judicial de Tamaulipas, en respuesta a una solicitud de información sobre el número de asuntos tratados bajo la Ley de Extinción de Dominio, donde se contestó que no existía expediente sobre ese tema.
Al respecto, fuentes de la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas informaron que del año 2012 a la fecha no se registraron movimientos o programas para crear una fiscalía que pudiera aplicar la normativa en la Ley de Extinción de Dominio.
De acuerdo con la información emitida, por año entre 15 y 20 viviendas fueron escenario de delitos como tráfico de indocumentados, almacenamiento de armas o como refugio de presuntos delincuentes («casas de seguridad»).
Tal es el caso de los hechos informados por el Grupo de Coordinación Tamaulipas, el 18 de mayo del 2014, cuando en ciudad Madero se detuvo a tres personas con droga, cartuchos y una más que se mantenía privada de su libertad.
Ante estos hechos, las autoridades ministeriales no iniciaron un proceso de extinción de dominio, tal como lo muestra la información entregada por el Poder Judicial de Tamaulipas.
De acuerdo al artículo 1 de la Ley de Extinción de Dominio, esta norma se aplicara en los casos de los delitos de narcomenudeo, robo de vehículo y trata de personas, acción que le corresponde al Ministerio Público del Estado.
Las propiedades que sean instrumento, objeto o producto de un delito, o que hayan sido utilizados o destinados a ocultar o mezclar bienes producto de un hecho ilícito o los que son empleados para la realización de un delito son los que pueden pasar a propiedad del Gobierno de Tamaulipas.
La aplicación de esta ley es parte de las propuestas que el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca marcó dentro de sus acciones de gobierno el día en que tomó posesión, hechos que se vienen impulsando desde que éste fuera senador por Tamaulipas.
