La convocatoria para renovar dirigencia tricolor, se daría esta semana
Comparecencia de ex funcionarios ante la Contraloría no los absuelve
Debe impedirse el uso de vehículos oficiales para asuntos personales
Óscar Almaraz ha recobrado la confianza victorense por sus acciones
En Tamaulipas, la reconstrucción del Partido Revolucionario Institucional (PRI) se prevé harto complicada porque sus cuadros más notables, en la operación política, prácticamente lo han abandonado.
Unos quizá tratando de eludir el escarnio público por su contribución al tropiezo electoral del pasado 5 de junio; otros para evitarse ‘desgastes innecesarios’ previos a la renovación del Comité Directivo Estatal (CDE); y los menos por su indecisión entre conservar su militancia o causar alta en alguno de los membretes antagónicos al tricolor.
Lo cierto es que son pocos (con capacidad de liderazgo) quienes, al fragor de los acontecimientos, siguen apostándole al resurgimiento de la mentada gran familia revolucionaria.
Aída Zulema Flores Peña, por ejemplo –consciente que sólo está de paso en la dirigencia–, no quita el dedo del renglón (en un válido intento) para recuperar la comunión con la sociedad –pese al aprieto económico que sortea por la multa impuesta por el Instituto Nacional Electoral (INE), derivada del proceso comicial anterior–, mediante un diálogo abierto, sin demagogia y hablando con la verdad. Como acostumbra.
La estructura partidaria que la acompaña, se mueve en ésta misma órbita y atendiendo la crítica constructiva que igual analiza la destructiva, que, usted bien sabe, generan los fatalistas o en su caso los detractores.
Otros militantes que dan la cara defendiendo al partido, son algunos legisladores federales y locales.
Del ex gobernador y hoy senador Manuel Cavazos Lerma, no existe registro alguno en cuanto al rubro; o sea, ‘le vale gorro’ lo que tenga que ver con la institución.
En el Palacio Legislativo de San Lázaro, sólo atienden este tema los diputados Edgardo Melhem Salinas (coordinador de la bancada tricolor), Baltazar Manuel Hinojosa Ochoa, Miguel Ángel González Salum, Luis Alejandro Guevara Cobos y Mercedes del Carmen Guillén Vicente.
¡Cinco, de diez!, lo que significa que a la mitad tampoco les interesa lo que ocurre en el membrete del que tanto se han valido para treparse a los pináculos del poder.
Y, en el Congreso local, es Rafael González Benavides el único que muestra preocupación por la suerte del PRI, siendo que existen otros 10, priistas también, con derecho a voz y voto, para comentar, sancionar y/o abonar, según sea el caso, sobre el destino del organismo.
Esto, en cuanto a los legisladores.
Otros omisos
Respecto a los exdirigentes partidistas, fuera de la reunión que tuvo lugar aquí en Ciudad Victoria, hace casi dos meses, convocada por Aída Zulema –a la que sólo acudieron Rafael González Benavides, Lucino Cervantes Durán, Felipe Garza Narváez, Eliseo Castillo Tejeda, Antonio Martínez Torres, Homar Zamorano Ayala y Luis Enrique Rodríguez Sánchez–, no se ha sabido más de ellos. Y esto confirma su indiferencia ante la crisis que atraviesa el PRI.
Lo mismo ocurre con el ex delegado del CEN, Fernando Donato de las Fuentes Hernández (alias ‘El Diablito’), quien estuvo en Tamaulipas desde el 13 de octubre del 2015 y hasta el día 6 de junio de este año –lo supongo porque no está documentada su salida–, con la encomienda de fortalecer al tricolor. Pero cuando se dio el fracaso huyó de la entidad sin siquiera despedirse.
Otros priistas que tampoco nada han hecho para rescatar al partido, ahora que la adversidad lo zarandea, son los dirigentes sectoriales.
Sus nombres: Susana Hernández Flores, quien manda galleta en el Organismo Nacional de Mujeres Priistas (Onmpri); Eduardo Hernández Chavarría –el aún dirigente de la Fundación Colosio–; Humberto Valdez Richaud, del Movimiento Territorial (MT); Augusto Federico González Graziano, de la Asociación General Leandro Valle; Florentino Aarón Sáenz Cobos (Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos, más conocida como CNC); Edmundo García Román, el todavía mandón de la Federación de Trabajadores de Tamaulipas (FTT), que es una filial de la CTM; y Efraín de León León, quien usufructúa, aquí en Tamaulipas la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP).
Aparte de ellos, hay jefes de las tribus estatales y/o regionales, cuyo cacicazgo político-partidista está en clara decadencia, pero mantienen el control de los comités municipales y desde ahí mueven las pocas piezas del ajedrez que todavía les quedan en el tablero.
Esto se palpa desde Nuevo Laredo hasta Matamoros, considerando los municipios fronterizos intermedios; acá en el centro del estado; y allá en el ex sólido sur, aunque evitan aparecer en público tras la derrota a la que también contribuyeron con su frenética disputa por el poder y, lo que es peor, ante la pérdida de credibilidad por parte de sus rebaños.
Lo más lamentable del asunto sin embargo, es que el presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) Enrique Ochoa Reza, ya fue informado del abandono.
Y nada hace para meter en cintura a tanto ingrato.
Al menos, claro, que les tenga guardado un escarmiento a aplicarse en la repartición de las candidaturas al Senado (dos), la Cámara baja (9) y las alcaldías (43), que se pondrán en juego hacia el cuarto trimestre de 2017, con miras al proceso electoral del año siguiente.
La convocatoria
Preveo que la semana próxima habrá de emitirse la convocatoria para el relevo del dirigente priista en Tamaulipas, en virtud a que el plazo (de 60 días) anunciado por la lideresa Aída Zulema Flores Peña en su asunción como presidente interina, ya venció.
Eso no quiere decir que el Consejo Político Estatal (CPE) tenga que sesionar casi de inmediato para atender la ‘línea’ centralista, pues en los documentos básicos del PRI se contempla una ampliación del interinato, hasta por 60 días, en caso de no haber condiciones inmediatas para que la asamblea se lleve a cabo.
O sea, de recurrirse a esta disposición, el relevo priista se aplazaría, por lo menos, hasta finales de enero del ’17.
Claro que los aspirantes dispuestos al ‘sacrificio’ de dirigir el partido, en una etapa de crisis (como la que se vive), mostrarían disgusto. Y más sus promotores que ya se frotan las manos por su codicia de obtener las candidaturas federales y domésticas que, en realidad, es lo que movería el regreso de los notables a la actividad partidista, sin contemplar a tanto improvisado como sucedió en la administración de Egidio Torre Cantú.
De ahí su elucubración de no aparecer en el escenario hasta que se publique la convocatoria para, entonces, tomar providencias sobre todos y cada uno de sus movimientos futuros, bajo el principio de ganar-ganar, sin hacer talacha
Así han actuado siempre.
Lo que ahora ocurre, es que ser oposición en el estado los aterra en extremo.
Por ello su quehacer político-partidista lo han sustituido por la intriga tras bambalinas, a diferencia de quienes sí están decididos a trabajar en aras de refundar al PRI.
¿Sus nombres?
Son del dominio público.
Advertencia
La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, es muy clara y precisa.
Tanto que a los ex funcionarios citados por la Contraloría del Estado para aclarar irregularidades, detectadas en su ejercicio público, se les ha explicado (hasta con manzanas) que su compromiso no termina a los 60 días contemplados en la etapa de entrega-recepción, puesto que la misma reglamentación dispone otros tiempos para responder si acaso la autoridad gubernamental detectara algún ilícito.
Esto quiere decir que ninguno de los 55 ex funcionarios convocados por el contralor Mario Sosa Landero ha sido liberado de responsabilidad; sólo advertidos que de comprobárseles delitos serían sujetos a procesos penales.
Y con justificada razón.
Por eso insisto: el plazo legal de 60 días no limita las auditorías, por tratarse de un plazo administrativo para aclarar dudas.
No para darle carpetazo a las irregularidades. Ni menos, perdonar a los infractores.
Sobre todo, cuando el gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca ha girado instrucciones de continuar con esas revisiones; y las auditorías por tiempo indeterminado, a fin de detectar irregularidades para, en su caso, proceder legalmente.
Los ex funcionarios citados se desempeñaron en seis dependencias y cuatro organismos públicos descentralizados (OPD’s) y las oficinas del ejecutivo estatal.
De la Secretaría de Obras Públicas, se citó a comparecer a tres ex funcionarios; seis de la Secretaría de Educación; cinco de la Secretaría de Salud; cinco de la Secretaría de Finanzas; cuatro de la Contraloría; y cinco de la Secretaría de Administración.
En cuanto a los OPD’s, dos fungieron en el Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo (Itavu) –Daniel Sampayo Sánchez y quien fuera el director administrativo–; dos en el Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física y Educativa; uno en el Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes (ITCA); y uno en la Comisión Estatal de Aguas de Tamaulipas (CEAT).
De las oficinas del Ejecutivo Estatal, están considerados dos ex servidores públicos; y uno de Comunicación Social.
Entre ellos sobresalen cinco ex secretarios: Diódoro Guerra Rodríguez (Educación), Manuel Rodríguez Morales (Obras Públicas), Norberto Treviño (Salud) y Jorge Ábrego Adame (Finanzas).
Castigo esperado
El apercibimiento de la Contraloría estatal ha impactado a la sociedad y, por eso mismo, deduzco, no tardarían en caer los primeros ‘pájaros de cuenta’.
En principio, aparecerían: Manuel Rodríguez Morales, Jorge Ábrego Adame, Libertad García Cabriales, Daniel Sampayo Sánchez y quizás el otrora poderoso Guillermo Martínez García, sin descartar a dos que tres subsecretarios que fueron incapaces de cubrir las pillerías de sus jefes.
Por vía de mientras todos y cada uno de los ex funcionarios, desde los jefes de departamento y directores, hasta el nivel secretarios, ya han puesto sus barbas a remojar, so pena de ser sorprendidos con procesos legales.
¡Y vaya que muchos los ameritan!, aunque por hoy sólo han pedido aclaraciones a 55 ex funcionarios.
Esto no descarta que en lo sucesivo sean llamados a cuentas otros ex burócratas de altos vuelos, como quien fuera secretario del Trabajo y Asuntos Jurídicos –por el mar de aviadores detectados por su relevo–, o el subsecretario de Medio Ambiente (Heberto Cavazos Lliteras), porque al recurrir a sus influencias (siendo hermano de la ex Contralora, Gilda), logró la concesión de parques eólicos para sus socios de ocasión.
En fin, el cobro de facturas acaricia su primera etapa.
Y eso que elementos hay de sobra para llevar al cadalso a una bola de corruptos.
Vehículos oficiales
En los centros comerciales, colegios, templos religiosos, restaurantes, la calle misma, he visto circular automotores oficiales –identificados por su nuevo logotipo–, conducidos por choferes al servicio del Gobierno, pero, lamentablemente, atendiendo servicios personales.
Incluso he visto que al volante van damas y/o jovenzuelos porque el jefe en turno así lo permite, acelerando como si se tratara de carreras en la vía pública.
Hay referencias fotográficas que plasman otros abusos como son (1 estacionar los vehículos oficiales en espacios destinados a parapléjicos; 2) cruzar las calles o avenidas sin respetar las señales de los semáforos por ‘influyentismo’; y 3) utilizar las unidades para dejar y/o recoger, en la escuela, a los hijos de los nuevos funcionarios.
Hace algunos años la entonces contralora estatal salió al paso de la crítica en el mismo sentido, aduciendo que, el uso de vehículos oficiales, era una prestación laboral.
De continuar así esa costumbre (para mí excesiva) bueno sería que el contralor, Mario Soria Landeros, la confirmara públicamente.
Y entonces nadie protestaría porque las unidades gubernamentales sigan utilizándose para transportar a los hijos de funcionarios al colegio. Ni a sus mujeres a comprar despensa.
Sacudida
Contemplo que la ‘barredora’ no ha sido utilizada al cien por ciento, para limpiar de parásitos a la administración pública.
Y también así lo supongo, será hasta enero próximo cuando el árbol gubernamental sufra una sacudida de pronóstico reservado para echar a quienes no funcionan. Sean empleados con años de servicio o de nuevo cuño.
Sobre todo porque el gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca ya ha detectado a quienes sirven desde el poder y a los que se sirven con el
poder.
Comunión
El presidente municipal de Victoria, Óscar Almaraz Smer, ha recuperado la confianza de la sociedad hacia sus autoridades merced a su quehacer cotidiano.
Desde muy temprano, todos los días, recorre la ciudad y ejidos para supervisar personalmente la recolección de basura, la limpieza de calles y avenidas, mantenimiento de las áreas verdes, electrificación pública, y, por supuesto, atiende directamente a los colonos que a su paso le piden no escatimar
esfuerzos para recobrar esa imagen que otrora distinguió a su pueblo, el nuestro, por ser una localidad limpia, amable y segura.
Hoy, usted seguramente ya lo habrá notado, Ciudad Victoria y todos sus ejidos se observan más limpios.
En varias comunidades, como en esta capital, hay ya señalamientos viales bien marcados, menos baches, mayor patrullaje –por parte de los organismos policiales–, centros recreativos que por su renovación invitan a visitarlos, y menos hostigamiento para el cobro del servicio del vital líquido –esto por la correlación que mantiene Óscar con el gerente de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Comapa), Gustavo Rivera Rodríguez–, así como una atención esmerada para los colonos que suelen visitar el Palacio del ’17.
Con respecto a las obras, habrá que esperar que brinque el año por cuestión financiera, aunque lo más recomendable es que usted se ponga al corriente en el pago de sus contribuciones –sobre todo porque hay descuentos atractivos–, considerando que cada peso que pague se le reintegrará con obras.
E-m@il
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