Mientras que los nuevos gobiernos de Chihuahua, Veracruz y Tamaulipas se quejan de que sus antecesores en el cargo dejaron a los Estados en quiebra, los partidos políticos utilizan mal los recursos públicos que les otorga el INE para las actividades partidistas.
En el Estado de Guanajuato, por ejemplo, el PAN fue multado por el Instituto Nacional Electoral por utilizar las prerrogativas económicas para solventar gastos que no contempla la ley, como haber erogado más de 240 mil pesos para un diplomado de espiritualidad.
El PRI tomó dinero destinado a gastos políticos para pagar una maestría en Administración Pública, compra de alimentos, juguetes para celebrar los días del niño y de la madre, compra de cobertores, gastos funerarios, alquiler de sonido y jardinería, por más de un millón de pesos.
El Partido Nueva Alianza dispuso de los fondos para adquirir un fistol de solapa y puertas corredizas sin justificación, en tanto que el Movimiento Ciudadano destino la suma de 860 mil pesos en bocadillos, traslado del Día Internacional de la Mujer, servicios de café, renta de mesas, sillas, mantelería loza, bebidas y alimentos.
Parece, sin embargo, que por ser época de navidad al árbitro electoral se le ablandó el corazón pues les hizo una rebajita del 22 por ciento, gracias a lo cual Acción Nacional no pagará 91.5 millones, sino únicamente 50. El PRD, que fue el partido más multado del año, deberá de pagar 118 millones, Encuentro Social, 500 mil, el Verde 21.3, en vez de 25 y el Revolucionario Institucional, con el descuento, en lugar de 88 pagará sólo medio centenar de millones.
La entidad más afectada por el manoteo de su antecesor en la gubernatura fue la de Veracruz, al extremo que a causa del saqueo del régimen de Javier Duarte de Ochoa, el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares se vio en la necesidad de declarar emergencia económica y explicar a los acreedores que no podrá pagar en tiempo y forma los compromisos de diciembre, como está comprometido.
En Tamaulipas Cabeza de Vaca anda en las mismas.
Aunque a ciencia cierta todavía no se precisa con cuánto se fue de gane la administración de Egidio Torre Cantú y los que le antecedieron. Asuntos, como el del cobro del Impuesto Sobre la Nómina que fue a parar a un fideicomiso privado que ha hipotecado al Estado por 30 años, entre otras anomalías, no se han aclarado.
La realidad es que, por las causas que sea, las autoridades en turno no tienen dinero, en algunos casos ni para pagar los salarios a los miembros del gabinete, problema por el que el mandatario tamaulipeco no ha designado aún a los encargados de la mayoría de las dependencia estatales, que se estima empezará a resolver por ahí defines de febrero o primera quincena de marzo.
Uno de los afectados por la falta de dinero es el Coordinador Regional del gobierno del Estado en el sur, Miguel Gómez Orta. No obstante que se trata de un cargo clave que tendrá entre sus responsabilidades verificar que las acciones del ejecutivo tamaulipeco se cumplan correctamente, que hablarán bien o mal, según el caso, en todas las áreas del quehacer estatal, entre ellas la relativas a Turismo y Pesca, que funcionarán en el puerto de Tampico.
El profesionista es un elemento capaz, experimentado en comunicación y relaciones públicas, así como en el arte de cacarear el huevo de las buenas obras, cuya función será básica para demostrar la diferencia entre el antes y el ahora y hacer sentir, con hechos, que el cambio ofrecido por el nuevo gobernador es una tangible realidad, no sólo retórica.
Sin olvidar, por supuesto, sus dotes de operador político.
De la eficacia del trabajo que se ha encomendado a Gómez Orta dependerá, pues, que la imagen pública del gobierno en turno, igual que la percepción de los ciudadanos sea la mejor, sobre todo durante los procesos electorales, que logrará si le proporcionen al servidor público los recursos que la tarea exige, ya que en estos momentos, como otros funcionarios, está trabajando a medias por falta de lana.
Los que no tienen de que quejarse son los diputados federales. A pesar de las críticas, el Comité de Administración de la Cámara Baja aprobó el bono navideño de 150 mil pesos, además de 38 mil pesos de aguinaldos y otros 29 mil para el pago del personal de apoyo de los legisladores.
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