El ex diputado priista Felipe Garza Narváez pintó su raya en torno al préstamo de 6 mil millones de pesos contratado por el gobierno de Eugenio Hernández Flores que se está pagando con el Impuesto Sobre la Nómina, el cuál fue aprobado, dice, en la legislatura anterior a aquella en la que él fungió como presidente del Congreso de Tamaulipas.
El también ex presidente estatal del PRI aclara que el crédito fue aprobado por unanimidad por los integrantes de la LIX Legislatura en el 2007 para que se dispusiera en el ejercicio fiscal del 2008, sin embargo, los miembros de la legislatura siguiente, la LX, modificaron el acuerdo para adecuarlo a las nuevas circunstancias económicas y se ejerció hasta el 2009.
El presidente de la Comisión de Finanzas que emitió el dictamen del proyecto era el diputado y ex alcalde de Tampico, el Contador José Francisco Rábago Castillo.
La observación del legislador precisa igualmente, por otra parte, que el ISN no se abona totalmente al pago de la deuda, como se ha dicho, sino sólo el 40 por ciento de la recaudación y que gracias a ese financiamiento se cumplió con el programa estatal de infraestructura 2008-2010, rubro en el que destaca la construcción del Parque Bicentenario.
Y no sólo eso, además de haberse apegado totalmente a la norma jurídica, toda la información sobre el tema consta en documentos oficiales y está disponible del público en la biblioteca del Congreso para ser consultada por los interesados.
La realidad es que, no obstante las aclaraciones y precisiones, desde la percepción dela gente en la calle, el asunto huele a corrupción.
El Presidente del CIEST, José Luis Sánchez Garza, por ejemplo, pidió ayer a las autoridades estatales durante una entrevista radiofónica que se investigue a fondo y no quede duda a dónde ha ido a parar el gravamen y que la transparencia de que habla el gobierno del Estado no vaya a quedar en un deseo navideño ni vaya concluir en día de Reyes, sino que sea vigente todo el sexenio.
El representante empresarial lamentó, asimismo, dos cosas, primero que no se le haya permitido a la iniciativa privada participar y expresar sus opiniones en las reuniones preliminares al aumento del impuesto, segundo que en la reunión que sostuvo el gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca con ellos para explicarles el motivo del incremento que ha hipotecado parte de los ingresos del Estado por 30 años, no haya sido estrictamente
empresarial, ya que encima de que hubo gente de relleno, dijo, se le dio tinte político.
Como la aportación fiscal ya fue aprobada, lo que resta ahora a la sociedad es esperar a que, como resultado de su aplicación, mejoren, como se ha
ofrecido, la seguridad pública y los programas de asistencia social a los que destinarán los recursos del incremento.
Lo que debe de haberles dolido a los diputados del PRI, más que el caso del préstamo, es que los empresarios no hayan elevado la voz de manera más
contundente contra la disposición estatal, como seguramente esperaban, sino que aceptaran el alza y hasta que le dieron un voto de confianza al gobierno, actitud que los dejó sin el respaldo del principal sector afectado por la medida, al que ellos salieron a defender.
En asuntos de otra índole, resulta saludable que algunos diputados federales, ocho para ser más precisos, entre ellos la vicecoordinadora de los legisladores priistas, Ivonne Ortega Pacheco, y uno del Verde Ecologista, Jorge Márquez, todos del Estado de Hidalgo, hayan renunciado al bono navideño de 150 mil pesos que ellos mismos se habían autoasignado.
También rechazaron la gratificación el coordinador de la bancada, Fernando Moctezuma, Erika Rodríguez, Guadalupe Chávez, Alfredo Bejos, Gloria Hernández Madrid y Pedro Luis Noble.
El resto de los 500 que conforman el cuerpo legislativo, no tuvo empacho en embolsárselo, a pesar de los fuertes críticas y reclamos de la sociedad.
En Tampico, mientras tanto, alcaldesa Magdalena Peraza Guerra, cumplió en tiempo y forma, como se había comprometido, con el pago de los 30 millones de pesos, los aguinaldos al personal. El 9 de diciembre les entregó la primera parte y la segunda se las hará efectiva en enero.
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