CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) interpuso una demanda de acción de inconstitucionalidad contra la Ley de Extinción de Dominio de Tamaulipas. El anterior gobierno estatal elaboró la norma que aprobó sin cambio el Poder Legislativo.
“El artículo 58 vulnera el derecho a la reparación del daño al no precisar el destino de dichos bienes al respectivo fondo de reparación de las víctimas de dichos delitos, con lo que transgrede los artículos 20, apartado C, fracción IV, y 73, fracción XXI, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, señaló el ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, en la demanda 24/2016.
En enero, el mandatario Egidio Torre Cantú envió la propuesta a la LXII Legislatura. El presidente de la Junta de Coordinación Política, diputado Ramiro Ramos Salinas, dio un trámite rápido en la comisión de Justicia. El 5 de febrero el decreto LXII-923 se expidió y para marzo se publicó en el Periódico Oficial del Estado.
Tan sólo pasaron 30 días para que la CNDH considerara la norma inconstitucional. El articulado que motivó la acción legal establece que el valor de los bienes y sus frutos se destinarán a “la reparación del daño causado a la víctima u ofendido de los delitos, cuando los hubiere por los delitos a causa de los cuales se siguió la acción de extinción de dominio, determinada en la sentencia ejecutoriada del proceso civil o penal”. Los recursos son manejados por el Poder Ejecutivo.
González Pérez argumenta que el artículo 81 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, en lo que interesa, dispone la creación de fondos nacional y estatales, regidos en términos económicos por los reglamentos respectivos.
Los fondos se harán de recursos mediante los presupuestos de egresos federal y locales, la enajenación de bienes decomisados en procesos penales, bienes abandonados, bienes que hayan sido objeto de extinción de dominio, fianzas o garantías impuestas a los procesados, dividendos producidos por la administración de valores o depósitos y donaciones u aportaciones de terceros.
Pese a las leyes nacionales, la Ley de Extinción de Dominio de Tamaulipas permite que el 100 por ciento de los remanentes del valor de los bienes se asignen a los programas y actividades de la secretarías de Desarrollo Social, Salud y Educación, de Seguridad Pública y la Procuraduría General de Justicia.
“La legislación de extinción de domino omite señalar como destino de los recursos que se obtengan a través de la extinción de dominio de bienes, el fondo para la protección y asistencia a las víctimas de los delitos de trata, y con ello priva de la garantía y protección del derecho fundamental a la reparación del daño”.
Los integrantes de la Comisión de Justicia que revisaron y aprobaron la iniciativa del Ejecutivo fueron la actual presidenta del PRI estatal, Aída Zulema Flores; José Ricardo Rodríguez Martínez; la líder sindical de burócratas, Blanca Guadalupe Valles Rodríguez; el líder Juan Rigoberto Garza Faz, Álvaro Humberto Barrientos Barrón, Patricia Guillermina Rivera Velázquez y Rogelio Ortiz Mar. Al subir al Pleno, la propuesta fue avalada por unanimidad.
La demanda se votará en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El ministro encargado de la elaborar la propuesta es Jorge Mario Pardo Rebolledo.
El martes 13 de diciembre, la Legislatura LXIII, a cargo del diputado Carlos García, reformó la norma de extinción de dominio sin embargo, sólo lo hizo para suplir el nombre de la Sedesol por Secretaría de Bienestar Social.