CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas.- Los recursos recibidos por parte de la Federación para la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio se encuentran por debajo de la media nacional, esto a pesar de que el nivel de aplicación se encuentra en un nivel alto.
De acuerdo a un informe del Instituto Mexicano para la Competitividad, Tamaulipas durante del 2016 registró una aplicación de nivel alto, en la aplicación a la reforma constitucional del 2009 donde se modificó la forma de aplicar y ejercer la justicia.
Del año 2012 al 2016, el Gobierno Federal destinó 93 millones 881 mil pesos para la implementación del Sistema Penal Acusatorio, recursos en los que cerca del 65 por ciento se destinaron para la construcción de infraestructura para las salas de juicio oral en el estado.
El inicio del conteo en la inversión pública para el Sistema Penal Acusatorio inició en el año 2012, donde se ejercieron tan sólo 13 millones de pesos, mientras que para el 2014, el presupuesto se duplicó con 27 milones más por parte de la Secretaría de Gobernación.
Durante el 2015, fue el punto máximo de inversión con 29 millones por año, ya que durante el 2016 la cifra bajo a 21 millones más.
A pesar de esta inversión la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2016, posicionó a Tamaulipas sobre un balance dos veces mayor a la media nacional sobre la seguridad que una persona percibe en su lugar de residencia.
Dentro de las percepciones de seguridad, la población tamaulipeca eligió a la Secretaría de Marina como las más confiables en el estado, seguido por el Ejército México, la Policía Federal y la Procuraduría General de la República, en los últimos puestos se encuentra los elementos de Tránsito y la Policía Estatal.
Para diciembre de 2016, las cinco salas de audiencias en Tamaulipas presentan en promedio entre cinco y seis audiencias por semana, con los delitos de abandono de obligaciones como los que se presentan con mayor frecuencia.
En cuanto a juicios, son seis los que se desarrollaron a través del Nuevo Sistema de Justicia Penal, cifra que presenta una diminución cercana al 140 por ciento con respecto a los asuntos llevados bajo el sistema anterior.
