CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas.- El presupuesto de la Comisión Estatal de Derechos Humanos se quedará corto en 2017 para atender todas las acciones relacionadas con los derechos humanos en Tamaulipas, dijo José Martín García Martínez.
De acuerdo con el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, las necesidades de la dependencia es de 32 millones de pesos, sin embargo, sólo se aprobaron alrededor de 27 millones por parte del Congreso del Estado.
“Para todas las instancias que necesitan atender los reclamos de la ciudadanía, los recursos serán insuficientes para cubrirlos, solicitamos 32 millones y recibimos 27 que es prácticamente lo que ejercimos este año”.
Explicó que la misma Ley impone abrir nuevas unidades, además de diversas acciones que se tienen que realizar para atender las quejas, solicitudes de intervenciones y asesorías a la ciudadanía que siente que sus derechos humanos han sido violentados.
Recordó que de acuerdo al último reporte, se tienen cerca de 5 mil solicitudes de intervención, de las cuales, alrededor de 4 mil han sido resueltas por vía de la orientación o asesoría.
“En el último reporte, mil 004 asuntos fueron los que ameritaron la integración de inicio de expediente formal de quejas”, apuntó que entre las instancias demandadas están la Policía Estatal, Procuraduría, la Secretaría de Finanzas por el incumplimiento de laudos tanto de la Junta de Conciliación o algún Tribunal de Arbitraje y la falta de pago del mismo gobierno”.
De este total de asuntos, detalló que se entregaron 30 recomendaciones formales y están por entregarse dos más, explicando que el tiempo de respuesta para la reparación total del daño se extiende, dependiendo del mismo.
“Con la reforma constitucional de junio de 2011, se extiende la reparación integral de las recomendaciones, ya que deben ser medidas para restituir los derechos violados o la indemnización correspondiente, si esto no fuera posible”.
Otra de las medidas señaló, es la rehabilitación en materia de salud mental o física a través de tratamientos que deben darse para que las personas afectadas de sus derechos, recobren la posibilidad de poder integrarse a la vida cotidiana.
García Martínez señaló que además se exigen medidas de satisfacción a través de procedimientos de responsabilidad administrativa o penales, además de las garantías de no repetición.
Apuntó que esta situación dificulta a las instancias el cumplimiento cabal de las recomendaciones, por lo que justificó en algunos casos la dilación para responder a ellos.
El recuento
32 millones solicitaron
27 millones recibieron
5 mil solicitudes de intervención
4 mil han sido resueltas por vía de la orientación o asesoría
Mil 004 asuntos fueron los que ameritaron la integración de inicio de expediente formal
Los más denunciados
La Policía Estatal
Procuraduría
La Secretaría de Finanzas