(Doctora en Sociología por la BUAP) Profesora-investigadora de la Universidad Autónoma de Tamaulipas
El incremento del precio de la gasolina en México a partir del 1 de enero de 2017 es una medida que puede tener consecuencias perversas para la economía, ya que puede acarrear efectos en cadena que eleven la tasa de inflación hasta dos dígitos durante el próximo año. El detonante del incremento de precios de los combustibles ha sido la depreciación del peso, ya que el aumento del precio del petróleo en los mercados internacionales ha sido moderado.
La depreciación del peso durante el año 2016 ha obedecido a factores externos: principalmente al inesperado triunfo del candidato republicano. Sin embargo, también se ha debido a un manejo poco eficaz de la política monetaria. El Banco de México reaccionó con prepotencia tras conocerse la victoria de Trump. La noche del martes 8 de noviembre de 2016 el mercado esperaba una subida de la tasa de referencia que no se produjo. Como consecuencia, los inversores extranjeros castigaron a la moneda mexicana. La subida de 50 puntos básicos del día 17 de noviembre llegó tarde y fue insuficiente. Por otra parte, la subida de 50 puntos básicos del día 15 de diciembre, como reacción a la subida de 25 puntos básicos en la tasa de referencia de la Fed, solo
logró detener el deterioro del peso.
La política monetaria de México es demasiado tímida. La actuación del Banco de México debió haber sido más contundente durante el último mes. El martes 8 de noviembre de 2016 debió haberse producido un incremento de 50 puntos básicos en la tasa de referencia, seguido de un incremento de 75 puntos básicos el día 17 de noviembre y de otros 75 puntos básicos el día 15 de diciembre. Si se hubiesen tomado estas medidas de política monetaria en
la actualidad el cambio peso/dólar se encontraría en el entorno de las 18 unidades. Como consecuencia, el día 1 de enero de 2017 no hubiese sido necesario incrementar el precio de las gasolinas. Esto hubiese evitado el riesgo de sucesivos incrementos de precios concatenados y hubiese contenido la inflación. Sin embargo, la situación con la que se encontrará México el día 1 de enero de 2017 será diferente. El riesgo de inflación es claro y la población tiene un temor fundado a sufrir una progresiva pérdida de poder adquisitivo durante el próximo año.
Por otra parte, el gobierno debe aprender a ahorrar. Esto significa reducir sustancialmente las inversiones en infraestructuras y concentrar el gasto público en el pago de salarios. Ante la falta de liquidez del Estado es la empresa privada, sin ningún tipo de apoyo público de ninguna clase, a quien corresponde emprender los grandes proyectos de infraestructuras. El ejemplo de países como España ha demostrado que la inversión pública en grandes proyectos de infraestructuras solo conduce al despilfarro. La empresa privada se ha malacostumbrado a recibir ingentes cantidades de dinero público para construir megaproyectos que, como en el pasado, buscan incrementar el ego y renombre de personalidades concretas.
Por lo tanto, durante el año 2017 en México deberían implementarse las siguientes medidas: i./ una política monetaria más agresiva que fortalezca el peso, ya que el deterioro de la divisa genera inflación y pérdida del poder adquisitivo; ii./ una disminución del gasto público a través de una reducción sustancial del gasto en infraestructuras; iii./ la creación de empleos en el sector público para amortiguar los efectos de la crisis. La empresa privada debe aprender a crear empleos con sus propios recursos, no con el dinero del Estado. La creación de empleos en el sector privado con dinero público es menos eficaz que la creación directa de empleos en el sector público con dinero público. En el primer caso solo una parte del dinero público se destina a la creación de empleo, mientras que en el último caso todo el dinero público aparece destinado a la creación de empleo.
