Ante la ola de protestas contra los aumentos de las gasolinas que aprobaron, los jerarcas y funcionarios públicos del PRI y el PAN, tratan de erigirse ahora en defensores del pueblo y hasta se pelean los méritos de las gestiones realizadas para atenuar los impactos de la medida en la economía popular.
Como el Chapulín Colorado, priistas y panistas dicen que gracias a las gestiones realizadas ante el gobierno se han logrado algunos resultados favorables.
Los primeros aseguran que como resultado de las peticiones formuladas por los diputados federales, las autoridades hacendarias aceptaron subsidiar los precios de la gasolina en la franja fronteriza, que, además de garantizar el abasto del energético en el área, permitiría vender el producto a precios más accesibles.
Los segundos se jactan de haber entablado reuniones y pláticas con transportistas y agrupaciones que han bloqueado carreteras para llamarlos a la calma y que con la finalidad de obtener tarifas menos onerosas que las impuestas, han sostenido acercamientos con los representantes del gobierno federal.
Estos últimos ofrecieron, incluso, que en la próxima reunión que los integrantes de la CONAGO tendrán con Juan Antonio Meade plantearán al responsable de las finanzas del país, además de una reducción de importes aplicados a los hidrocarburos, la homologación de los de la gasolina con los estadounidenses en las entidades federativas localizadas a lo largo de la frontera con gringolandia.
Hasta el alcalde de Nuevo Laredo, Enrique Rivas Cuéllar, ha reclamado su parte del mérito. Según ha argumentado el jefe edilicio, tras el cabildeo que realizó ante el gobierno del Estado, se evitó el cierre de gasolineras y se ha mantenido el abasto del combustible, así como que este se expenda a 13.26 pesos el litro.
Aunque unos y otros saben que, como dice el dicho, golpe dado ni Dios lo quita, ninguno alude que los legisladores de ambos agrupaciones políticas aprobaron la reforma energética y la consiguiente liberalización de precios causante del encarecimiento de los combustibles.
El que ha empezado a sufrir las consecuencias de no aprovechar varias ocasiones de quedarse callado es el dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, sobre todo cuando, en vez de hacerse el occiso, apoyó públicamente el alza ya que esta vez fueron los propios priistas los que le recriminaron y hasta exigieron al jerarca que rectificara la declaración.
La indignación popular contra la disposición presidencial ha provocado hasta que algunos miembros distinguidos del PRI, caso concreto del Secretario de Economía, Pedro Joaquín Coldwell, se hagan los desmemoriados y afirmen que el gobierno nunca prometió que no aumentarían los precios de los energéticos, no obstante que es del dominio público que cuando promovían las bondades de la modificación constitucional juraban y aseguraban que, al reducirse los costos de operación, aquellos se abaratarían.
Ahora, sin embargo, hasta fingen que padecen alzheimer
Lamentablemente, parece que lo peor está por venir y que nos dejará más helados que los vientos y bajas temperaturas del frente frío número 21: el aumento en cascada de las tarifas del transporte, foráneo y urbano, de pasaje y de carga, lo mismo que de otros productos de la llamada canasta básica, como la masa y la tortilla, que empezarán a afectar en breve el bolsillo de todos a causa de los gasolinazos y del alza dólar estadounidense, que, como una bola de nieve, amenazan con aplastar a la precaria y golpeada economía de las familias de más bajos ingresos.
El Presidente Enrique Peña Nieto anunció que a partir de este lunes entrará en vigor el Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar, que no tenemos idea en qué consiste ni qué beneficios contempla, ideado por el régimen para intentar reducir o paliar los impactos que los incrementos han ocasionado entre los que menos tienen.
Bajo tales circunstancias, nadie quisiera estar en los zapatos de los candidatos del Revolucionario Institucional a gobernador, alcaldes y diputados locales de los Estados de México, Coahuila y Nayarit, que serán blanco de la indignación social en el momento de que los electores acudirán a las urnas el 4 de junio entrante a ejercer el derecho del libre sufragio.
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