Si los rumores y especulaciones que se manejan en los círculos políticos de la ciudad de México son veraces, el actual Secretario de
Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, sería el gran sacrificado del gobierno de Enrique Peña Nieto en la cercana sucesión presidencial del 2018.
De acuerdo con las versiones de los enterados, como parte de los movimientos preparatorios de la carrera rumbo a los Pinos antes de que concluya el 2017 el actual Secretario de Hacienda, José Antonio Meade, relevaría a Agustín Carstens en el gobierno del Banco de México, y el Director de Pemex, José Antonio González, se haría cargo de las finanzas del país.
Y aunque a muchos parezca desafortunado, el actual Secretario de Educación, Aurelio Nuño Mayer, se iría a despachar en la casona de Bucareli cuando al ex gobernador de Hidalgo le digan que ha sido el elegido del PRI para presidir las exequias del tricolor.
Como es del dominio público, la visita del entonces candidato Donald Trump a los Pinos del 2016 dejó fuera de la disputa de la candidatura presidencial al ahora Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, la reforma educativa pero sobre todo la rebelión de los activistas de la Coordinadora Nacional del Sindicato de Trabajadores de la Educación, la CNTE, acabó con los sueños guajiros del titular de la SEP y los gasolinazos hicieron añicos a los de Meade.
El plan B de Peña Nieto sería encargar la triste tarea de asistir a los servicios funerarios del Revolucionario Institucional al Secretario de Salud, José Ramón Narro Robles, si el ex Rector de la UNAM logra mejor posicionamiento que Osorio Chong entre los votantes, como esperan los allegados al primer mandatario.
Quién quiera que sea, al final de cuentas, el elegido, está visto que en las actuales circunstancias los estrategas del nativo de Atlacomulco lo único que les anima de la contienda electoral que está a la vista no es retener la presidencia, ni siquiera asegurar el segundo lugar de la competencia, sino sólo impedir que Andrés Manuel López Obrador sea el sucesor del mexiquense.
Y si se puede, además, evitar igualmente que la izquierda anule la mayoría PRI-PAN del Congreso de la Unión. Si lo consiguen, se darían por bien servidos.
A 3 meses y medio de las elecciones estatales, por otra parte, los sondeos de opinión de la víspera del arranque de las campañas electorales
indica que, aunque en el Estado de México existe un empate técnico entre las principales fuerzas políticas, PRI, PAN y MORENA, la panista Josefina Vázquez Mota es la favorita para alzarse con el triunfo el próximo 4 de junio.
Algo similar sucedería en Coahuila, sin embargo, en Nayarit el que está a la cabeza de las simpatías populares es el ex partido oficial.
Mientras que en el Estado de Veracruz, en dónde se renovarán únicamente los ayuntamientos, los especialistas vaticinan que la pelea sería protagonizada por los candidatos del PAN, que actualmente gobierna la entidad, y MORENA. El duelo de acusaciones mutuas entre el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares y Andrés Manuel López Obrador así lo demuestran.
A causa de las escandalosas corruptelas del régimen del ex gobernador Javier Duarte de Ochoa, que se encuentra prófugo de la justicia acusado de diversos delitos, el PRI sería relegado al tercer sitio de las votaciones.
Actualmente el ex parido de la Revolución, en coalición con el Verde y el Panal, gobierna 91 municipios, el PAN 45, el PRD 32, el Movimiento Ciudadano 17, Alternativa Veracruzana 16, PT, 5 y el Partido Cardenista 3.
El 4 de junio más de 5 millones de votantes elegirán a 212 presidentes municipales y si son acertadas las mediciones de las preferencias el mapa político veracruzano podría sufrir modificaciones significativas.
Antes de finalizar, la alcaldesa de Altamira, Alma Laura Amparan Cruz, asistió a la reunión de concertación del programa de Fortalecimiento de la Seguridad Pública que tuvo en la capital del país, el cual está a cargo de la evaluación de los controles de confianza de los efectivos de las instituciones policiales, base vital para el éxito en la materia, que hasta ahora no se ha dado, como lo señala el hecho de que el inicio del 2017 ha sido el más violento desde que el presidente Felipe Calderón se declaró la guerra a la delincuencia.
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