CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas.- Petróleos Mexicanos (Pemex) clausuró 24 gasolinerías en Tamaulipas debido a que se comprobó que lavaban dinero de actividades delictivas. A nivel nacional la empresa productiva cerró 316 estaciones ubicadas en el país.
La entidad con más estaciones clausuradas es Nuevo León, con 40; Tamaulipas y Veracruz, cada uno con 24; Estado de México, 22; Jalisco y Baja California, 17, por cada entidad; Coahuila, 15; Sinaloa y Michoacán, cada una con 14, de acuerdo con un reporte de Pemex Refinación.
La Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) intercambiaron información de compañías con manejos irregulares detectados de enero de 2010 a diciembre de 2015.
De enero de 2010 a diciembre de 2012 cerraron 134 estaciones de servicio. Entre 2013 y 2015 se detuvo el envío de hidrocarburos a 182 puntos, lo que representó un aumento de 35 por ciento, informó la empresa Oronegro en su página web.
Otra actividad ilícita corroborada fue la venta de gasolina robada de ductos o pipas y que era comercializada en las gasolinerías. Las franquicias utilizadas por el crimen organizado se suman a las 17 mil 700 denuncias que presentó Pemex ante el Ministerio Público entre enero de 2007 y julio del año pasado por el hallazgo de tomas clandestinas.
La Dirección Jurídica de Pemex estima que cada día las organizaciones criminales extraen 23 mil 500 barriles de hidrocarburos. Dichos litros significan una ganancia anual de 21 mil millones de pesos.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC, por sus siglas en inglés) detectó 19 gasolinerías mexicanas relacionadas con organizaciones criminales en el periodo 2005 a 2014.
Los principales capos del narcotráfico que utilizan las estaciones de gasolina y diesel para blanquear el dinero obtenido son Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera y Juan José Esparragoza Moreno “El Azul”.
En Tamaulipas, la OFAC del Departamento del Tesoro de Estados Unidos confirmó que la empresa Combustibles Briones S.A. de C.V. es parte de una red de lavado de dinero que opera en la frontera norte.
Por el aumento del robo de combustible, Pemex solicitó al Congreso de la Unión una nueva legislación para endurecer las penas que castigan actualmente la ordeña de ductos y la extracción ilegal de combustibles.
La dependencia pidió incremento de penas y de sanciones económicas a partir del ilícito y el volumen robado; la previsión como un delito grave y de delincuencia organizada, así como la sanción a personas que comercialicen hidrocarburos sin marcadores y especificaciones. Otra de las peticiones fue procesar a las personas que
participen en el delito.
