CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas.- La investigación para deslindar responsabilidades por la fuga de 29 reos del penal de Victoria el pasado 22 de marzo sigue su curso y se continúan evaluando las pruebas periciales, además de las declaraciones de los funcionarios del Cedes que se encontraban en turno el día de los hechos.
El Procurador General de Justicia de Tamaulipas, Irving Barrios Mojica, explicó que en el caso de los 28 celadores del turno nocturno, así como del Jefe de Vigilancia y el Director del penal de Victoria, no se encuentran en calidad de detenidos y sólo se han presentado a declarar.
Negó que se hayan girado órdenes de aprehensión en contra de estos funcionarios, luego que esa sería una determinación que será tomada, una vez que las investigaciones arrojaran alguna responsabilidad, en tanto sólo se han presentado a declarar.
“Se están investigando todas las personas que estaban en el momento de turno”, apuntando que el Ministerio Público es quien está tomando las declaraciones de los funcionarios.
Por su parte, el Magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Horacio Ortiz Renán, comentó que en el caso de los reos que se fugaron del Cedes de Victoria, podrían alcanzar una pena adicional de hasta ocho años de cárcel a la que ya tenían impuesta, por el delito de evasión.
En su artículo 154, el Código Penal Federal establece que “al preso que se fugue no se le aplicará sanción alguna, sino cuando obre de concierto con otro u otros presos y se fugue alguno de ellos o ejerciere violencia en las personas, en cuyo caso la pena aplicable será de seis meses a tres años de prisión”.
Situación muy diferente para los servidores públicos que en el artículo 150 establece que “se aplicarán de seis meses a nueve años de prisión al que favoreciere la evasión de algún detenido, procesado o condenado. Si el detenido o procesado estuviese inculpado por delito o delitos contra la salud, a la persona que favoreciere su evasión se le impondrán de siete a quince años de prisión, o bien, en tratándose de la evasión de un condenado, se aumentarán hasta veinte años de prisión”.
Además señala que “si quien propicie la evasión fuese servidor público, se le incrementará la pena en una tercera parte de las penas señaladas en este artículo, según corresponda. Además será destituido de su empleo y se le inhabilitará para obtener otro durante un período de ocho a doce años”.
