Ir contra ‘halcones’, ‘estacas’ y falsos periodistas, es una buena acción
En redes sociales la libertad de expresión se confunde… con libertinaje
Según advierto, hay todavía vacantes en el Gobierno. ¿Hasta cuándo?
La imagen de Victoria ha cambiado sustancialmente porque se trabaja
En la comisión de sus fechorías, la delincuencia organizada suele utilizar a jóvenes popularmente conocidos como ‘halcones’ , que son, precisamente, quienes se encargan de avisarle a los jefes de gavillas vía radiocomunicación o al través de la telefonía celular, de los movimientos realizados por las fuerzas armadas en su cotidiano patrullaje tendiente a prevenir situaciones de riesgo o ejecutar acciones concretas en su lucha contra el crimen.
Y eso ha entorpecido el quehacer de militares, marinos y policías en gran medida.
También, por medio de las llamadas redes sociales, se sabotean los operativos, ya que son aprovechadas para advertir en lo inmediato sobre el tránsito de las columnas de seguridad y/o hasta de su forma de actuar ante una contingencia.
Ahí se involucran un mar de cibernautas que jugándole al periodista quiere darse a notar adelantando acontecimientos, sin que le constate la
información y menos los hechos, como (ya) lo hemos visto en Facebook, Youtube, Twitter, Linkedin, Instagram y demás sitios utilizados por estos
oportunistas que, por cierto, le causan grave daño al país (y en especial a Tamaulipas) con sus elucubraciones, surgidas de su misma ignorancia y mesianismo dogmático, ya que atentan contra la libertad de expresión (consagrada en nuestra Carta Magna), convirtiendo éste noble ejercicio en un pleno libertinaje (como disfraz) para atender directrices de grupos delincuenciales.
Lamentablemente, algunos medios de comunicación masiva, de los considerados serios, igual han caído en el juego de adelantar escenarios en internet. Y lo mismo hacen algunas autoridades gubernamentales por su afán protagónico que las lleva a cometer deslices.
Se lo comento porque la reforma al Código Penal, decretada para la sanción con cárcel y multa para quien avise o indague sobre la actividad de las fuerzas armadas o instituciones de seguridad pública, no violenta, en nada, los preceptos constitucionales, que garantizan la manifestación libre de ideas.
Es decir, no se trata de una ley mordaza.
Sin embargo, hay personas que sin conocer a fondo el contenido de la enmienda ya pegaron de brincos, tan sólo porque la nueva disposición permite que se sancione a quienes en las redes sociales, o por cualquier otro medio, alerten sobre los operativos de las fuerzas de seguridad; y transmitan los operativos de las fuerzas armadas.
¡Y vaya que a últimas fechas pululan sintiéndose influyentes porque la autoridad ha mostrado incapacidad para meterlos al orden!, en tiempo y forma, aunque en lo sucesivo se dice que ya no gozarán de inmunidad ni impunidad.
En su contenido, el documento marca dos excepciones a las penas, señalando que si es funcionario público quien lo hace de forma posterior a que ocurran, como parte de sus funciones, no será sancionado. Igual que los medios de comunicación, siempre y cuando lo hagan después de que las acciones, operativos y labores de los elementos del orden se realicen.
Entonces, ¿pa’ qué tanto brinco siendo el suelo parejo?
Legalidad agraviada
Aquí, en nuestro país, existe una extensa y sólida estructura jurídica que norma la conducta poblacional a través de instituciones diversas.
Pero desgraciadamente, todavía se adolece de cultura para acatar y respetar las leyes.
Inmediatamente entra en vigor un nuevo ordenamiento, se incumple pese a tener conciencia de estar actuando al margen de la ley, sin que a los infractores interese que en razón de ello podría venir una sanción.
Advierte un principio jurídico que la ignorancia de cualquier precepto no exime de la culpa al transgresor. Lo que significa que nadie se salva de verse envuelto en problemas legales en un momento dado, si, como frecuentemente ocurre, soslayamos nuestras obligaciones ciudadanas.
Lo peor del caso es que como ‘buenos mexicanos’ tenemos especialización en retorcer leyes y reglamentos; o en encontrarles las interpretaciones que más nos favorezcan.
Otra salida es recurrir al ‘influyentismo’ o de plano al cohecho, a fin de no ser alcanzados por el brazo de la justicia ante un ilícito cometido.
En el colmo del cinismo, hemos oído hasta la saciedad la ordinaria frase que se sostiene que las leyes se hicieron para violarlas; y a fuerza de tanto escuchar el absurdo algo se queda en el colectivo social, como si fuera motivo de orgullo.
Por eso es importante difundir las bondades de la nueva reforma al Código Penal, para inculcar de manera sistemática valores cívicos a los niños, adolescentes y adultos, ya que la problemática de la falsa o mala información corroe el tejido social.
Y no encuentran la forma de que la ley se respete.
La descomposición
En honor a la verdad, lejos estamos de alcanzar el ideal propuesto por los tres niveles de gobierno –federal, estatal y municipal–, toda vez que el mal es profundo.
Contribuyen a la descomposición las marcadas diferencias de clase, injusticias y falta de oportunidades para importantes segmentos sociales que, en definitiva, no ven por ninguna parte la famosa y pregonada equidad; menos el respeto a sus elementales derechos.
Claro que el camino para el respeto a la legalidad no es la revuelta o la desobediencia pública ante tanta marginación y desigualdad, pero sí la exigencia de que la autoridad cumpla lo establecido en la ley y que predique con el ejemplo.
Ocurre que en reiteradas ocasiones los encargados de aplicar la ley ignoran éstas, tanto o más que la población civil.
Es aquí, entonces, cuando surge la necesidad de recomendarle a las autoridades que abreven en la sentencia de que el juez, por su casa empieza.
Así que, sugiero, hay que darle un voto de confianza a la reforma al Código Penal.
El contenido
Hace días, la LXIII Legislatura del Congreso local aprobó modificaciones al Código Penal, sin que éstas fueran discutidas por el pleno merced a la dispensa de trámite (por la importancia misma de las reformas).
Pero los encargados de difundir su contenido fallaron.
Y el descuido del departamento de prensa del Congreso –incluso de los mismos diputados–, fue aprovechado por algunos políticos (ahora en el ostracismo) e informadores (aunque más por cibernautas), que en el escándalo y la diatriba malinterpretaron las reformas, hasta el grado de advertir que se trataba de una ley mordaza, desatando así pánico entre la prensa por la irresponsabilidad de sus comentarios.
Sin embargo, la esencia del documento es otra, pues ahí se tipifican como delitos dolosos la elaboración y uso de ‘ponchallantas’, ‘halconeo’, la clonación de patrullas y la destrucción de videocámaras de seguridad pública.
Así, de acuerdo con El Mañana, el artículo 171 fracción I señala que comete un delito quien utilice uno o más instrumentos en forma de abrojos, cuchillas, erizos, estrellas, púas o picos ‘ponchallantas’, fabricados de cualquier material que por su resistencia o contundencia dañe o impida el paso de vehículos particulares u oficiales.
La fracción VI determina que es implicado en el delito quien posea o porte en su persona o vehículo en que se encuentre, uno o varios escritos o mensajes producidos por cualquier medio que tengan relación con alguna pandilla o miembros de una pandilla de algún grupo o actividades delictivas.
Por clonación de patrullas o vehículos oficiales, la fracción VII establece que será castigado quien posea o porte en el vehículo uno o varios accesorios u objetos que sean utilizados en vehículos oficiales de instituciones policiales, de tránsito, militares de cualquier índole o que utilice los colores, insignias, diseño o particularidades para igualar la apariencia de los vehículos oficiales.
Y por ‘halconeo’, la fracción VIII tipifica a quien en pandilla o dentro de una asociación delictuosa realice funciones para obtener información o comunicar a una agrupación delictiva la ubicación, acciones, actividad, movimientos, operativos o, en general, las labores de los elementos de seguridad pública o de las fuerzas armadas.
En tanto, la fracción IX destaca que será sancionado quien por vía telefónica o cualquier medio de comunicación avise o indague sobre las actividades, operativos, ubicación o en general respecto de las labores que realicen los elementos de las fuerzas armadas o las instituciones de seguridad pública.
Ahí se exceptúa a las personas que en ejercicio de sus funciones como servidor público difundan dicha información, siempre que lo hagan con posterioridad a que tengan verificativo las acciones descritas.
Y aplica del mismo modo para personas en ejercicio del periodismo, siempre y cuando no se trate de información reservada por la ley.
En la fracción X, también se establece como infractor a quien dañe, altere o impida el adecuado funcionamiento o monitoreo de cámaras de vigilancia en la vía pública instaladas para ser utilizadas por las instituciones de seguridad pública.
Por último, el artículo 189 define de ‘ultraje’ a toda expresión directa o indirecta o toda acción ejecutada contra algún servidor público estatal o municipal o contra instituciones públicas, que puedan implicar ofensa o desprecio.
Entonces, ¿dónde está la mordaza?
Lo que ocurre en realidad es que muchos cibernautas han hecho de las redes sociales todo un negocio personal vía el chantaje y la extorsión y son ellos, precisamente, quienes más se dicen agredidos con la nueva disposición legal, que, por cierto, en nada se antepone al precepto sexto de la Constitución Política de los Estados unidos Mexicanos, que a la letra dice: “La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito, o perturbe el orden público…”
¿Así o más claro?
Presencia militar
En materia de seguridad pública, el gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca reconoce la colaboración de las fuerzas armadas en la lucha contra la inseguridad. Y puntualmente atiende las reuniones del grupo de coordinación interinstitucional para combatir la delincuencia organizada.
Algo que muchos de sus homólogos no hacen, cuando el punto de partida para restablecer la seguridad pública, es, precisamente, evaluar frecuentemente el problema para establecer acciones conjuntas tendientes a fortalecer la vigilancia en las zonas más problemáticas.
Hasta donde sé, el acuerdo entre la Federación y los gobernadores, para enfrentar al hampa, contempla reuniones frecuentes.
Pero hay mandatarios estatales que sólo asisten de vez en cuando, dejando plantados a jefes de las zonas militares y a los delegados de la Procuraduría General de la República (PGR) como de la Policía Federal Preventiva (PFP).
Esto ha provocado que el general Salvador Cienfuegos Zepeda, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (SeDeNa), advierta que cuando en las reuniones de trabajo el mandatario estatal se ausente sin justificación valedera, los funcionarios militares y federales abandonarán la mesa.
¡Qué bueno que así resultare!, pues no se vale que por negligencia de unos paguen los mandatarios cumplidores.
Sobre este mismo asunto, el mandatario estatal, antes de viajar a China, dejó en claro que los elementos del Ejército Mexicano que se encuentran en Tamaulipas realizando labores de vigilancia, continuarán haciéndolo durante el tiempo que sea necesario.
Y pidió más elementos de apoyo, de ser posible
Vacantes
En la administración pública estatal hay, todavía, cualquier cantidad de posiciones vacantes, pues los nombramientos siguen dándose sin prisas, impidiendo a los funcionarios de primer nivel conformar sus propios equipos de trabajo.
Y eso que el régimen de Fran cisco Javier García Cabeza de Vaca ya cumplió su primer semestre.
Ante el hecho es válido cavilar otra vez que los especialistas en la selección de recursos humanos recomiendan que antes de formalizar cualquier contratación, se revise minuciosamente el perfil del puesto y de los aspirantes a ocuparlo, para no equivocarse.
Por otra parte, bien sabemos que aún no existe un definido servicio profesional de carrera en la función pública, pues cada movimiento trae consigo la renuncia masiva de quienes colaboran muy de cerca con los funcionarios removidos –ya sean mandos medios o superiores–, y la consecuente contratación de otros individuos.
La experiencia acumulada durante años de trabajo, en su momento, y la inversión que hizo la administración pública para capacitar a sus burócratas se perdió, pues estos resultaron desplazados por otros grupos que hoy están al frente de carteras estratégicas.
Es obvio que las determinaciones adoptadas no se originaron en la ignorancia.
Por lo regular los altos mandos o sus asesores en turno, conocen al dedillo los libros o manuales que utilizan los ‘cazadores de talentos’ para identificar prospectos, seleccionarlos y hacer la respectiva contratación.
Sin embargo, quizá ‘pese’ más el interés particular que la necesidad de conformar un equipo de trabajo eficiente e integrado por expertos en las áreas más delicadas, cuando menos.
Imagen municipal
El quehacer administrativo de Óscar de Jesús Almaraz Smer, como alcalde de Victoria, ha sido tan intenso que, a seis meses de haber asumido el cargo, el municipio registra avances sustantivos.
No sólo en los servicios públicos –recolección de basura, limpieza de calles y avenidas, electrificación, embellecimiento de la ciudad, seguridad, obras de bacheo y pavimentación, entre otros–, sino también en cuanto a credibilidad, porque sus acciones las ha encaminado a rescatar la imagen citadina para ser ésta, nuevamente, una localidad limpia y amable.
Con un presupuesto mínimo el edil ha sorteado compromisos y atendido preferentemente a las colonias, sin descuidar la prestación de servicios básicos en el centro de la ciudad, donde por cierto se ha aplicado una importante inversión para mejorar la imagen urbana.
Por eso Usted, seguramente, ha notado que Victoria ha cambiado al menos en imagen. Luce más limpia, con nomenclatura eficaz para que el orden de tránsito vehicular sea efectivo, hay alumbrado público en (casi) todas sus arterias y más centros de convivencia y esparcimiento para las familias.
Además el programa ‘Libre 17’ ha reintegrado a la sociedad.
E-m@il
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