Dice el dicho que es de sabios cambiar de opinión y parece que el gobierno de Tamaulipas ha acatado la conseja popular.
Sensible a las reacciones generalizadas de rechazo y reprobación de a las reformas impuestas al código penal del Estado, calificada por las mayorías como “Ley mordaza” porque coartan la libertad de expresión, una de las garantías más preciadas de toda sociedad que se precia de democrática, ha optado por hacerle varios ajustes y posponer su promulgación, prevista para este lunes.
El gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca dio a conocer que no proclamará la iniciativa legal como se planteó originalmente al Congreso sino hasta después de que se le hayan hecho algunos ajustes y modificaciones que garanticen que no establecerán limitación alguna que pudiera ser interpretada como violatoria de la libertad de los comunicadores.
En el comunicado emitido por la Dirección de Comunicación Social, además, el mandatario tamaulipeco se compromete a respetar irrestrictamente la garantía constitucional que protege la libertad de escribir de los periodistas y de expresarse sin cortapisas de los ciudadanos.
Los que de plano enseñaron el cobre, como se dice, fueron los diputados priistas que, al igual que los legisladores del PAN, aprobaron también la reforma penal. El coordinador de la fracción parlamentaria, Alejandro Etienne Llano, justificó el resbalón argumentando que dieron el visto bueno el decreto sin leerlo y tardíamente anunció que evaluarán revertirlo.
Fue más inteligente y oportuno el dirigente estatal del Partido del Trabajo, ex diputado local Alejandro Ceniceros Martínez, quien, sin pensarlo dos veces, elevó inmediatamente la voz para condenar enérgicamente la disposición, a la que calificó de anticonstitucional.
Uno de los puntos más polémicas es la relativo al artículo 207 que castiga hasta con 5 años de prisión a quienes hagan uso de información pública que aparezca en internet o en computadoras, para dañar y desprestigiar a servidores públicos o personas. Lo mismo el que penaliza “al que sin autorización utilice o copie o modifique información contenida en sistemas o equipos de informática o redes sociales, protegida por algún mecanismo de seguridad que modifique, dañe o desprestigie a alguna persona o institución privada.”
Como lo hizo en el 2014 el entonces gobernador, también panista, de Puebla y ahora aspirante presidencial, Rafael Moreno Valle, que derogó una disposición similar, la llamada Ley para Proteger los Derechos Humanos y Regular el uso legítimo de la fuerza o Ley Bala, como fue bautizada, después de que un menor de edad murió en un enfrentamiento en el que efectivos de la policía estatal amparados en el ordenamiento reprimían a pobladores de Chalchihuapan o como sucedió en el sureste con la “Ley Garrote” del Estado de Chiapas, Cabeza de Vaca dio igualmente marcha atrás, para beneplácito de los propios militantes del PAN y de sus simpatizantes que temían que la reforma fuera a restar seguidores a la causa política albiceleste y a repercutir negativamente en las urnas.
El sábado, a propósito, hicimos un sondeo telefónico sobre el tema entre panistas de Tampico, Madero y Altamira y todos coincidieron en que el proyecto jurídico resultaba desafortunado, algunos incluso, que pidieron se guardaran sus nombres en el anonimato para evitarse problemas y eventuales represalias, opinaron que la vigencia de esa disposición legal enterraría los planes políticos del partido blanquiazul en el proceso electoral del 2018.
Cambiando de tema, el que se vio muy activo el fin de semana, por otra parte, fue al Subdirector Regional de Protección Civil del Gobierno del Estado, Saúl Rivera Caballero.
El motivo, el flamazo ocurrido en la refinería de ciudad Madero que movilizó a los cuerpos de seguridad para salvaguardar a la población en riesgo, empezando por los alrededor de 5 mil habitantes de las áreas ubicadas en los terrenos aledaños de las instalaciones petroleras, incidente que, por fortuna, no pasó a mayores.
El ex regidor del ayuntamiento de Tampico en la administración del alcalde José Francisco Rábago Castillo activó inmediatamente el protocolo de seguridad y en coordinación con las autoridades de la zona tomaron las medidas para preservar el patrimonio y la vida de los moradores ante un posible desastre.
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