Nadie, por negativo o pesimista que pueda ser, puede negar que las buenas intenciones definen al Sistema Estatal Anticorrupción, que ayer fue anunciado en forma conjunta por representantes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo. Los objetivos son sin discusión, necesarios y en algunos sectores como en la obra pública, indispensables e inaplazables por la depredación y monopolio que sufrió esta área en el sexenio anterior.
Pero ojalá ese Sistema y la ley que lo ampara, no se queden en ese terreno. En el de las buenas intenciones.
Este buen deseo como tamaulipeco se deriva de dos aspectos dados a conocer este jueves en una rueda de prensa sobre la nueva institución, en la cual, como es costumbre en estos casos para darle credibilidad social, se incluirá un órgano ciudadano.
Va la primera observación a título personal y se refiere al endurecimiento de las penalidades a quien cometa actos de corrupción.
Ciertamente un largo lapso en prisión debería ser un factor de disuasión sobre quienes se sientan tentados a meter mano en las cajas fuertes gubernamentales, pero en los hechos esa medida no ha surtido efecto alguno en otros delitos. En México se han elevado las condenas para el robo, la extorsión, el secuestro y el homicidio, pero hasta ahora los índices de esas violaciones a la ley no se han reducido y hasta se han elevado. En resumen, ha sido un fracaso un mayor rigor en el castigo.
El segundo es el tema de una Fiscalía especial creada para perseguir ese delito. Y otra vez aparecen las dudas.
En el país operan tantas fiscalías especiales que su creación parece más una salida mediática que una solución real al problema que deben encarar.
Si recapitulamos en ese renglón, hubo una para el caso Colosio, otra para el caso Ruiz Massieu, una más para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, hay una fiscalía para delitos contra la libertad de expresión, hay otra para violencia contra las mujeres y trata de personas, otra para atención a delitos electorales y ahora está en proceso una fiscalía anticorrupción federal, cuyo duplicado doméstico se prepara en Tamaulipas.
Y los resultados de todas, no descubro el hilo negro, han sido raquíticos.
En los primeros casos nadie cree en los sospechosos dictámenes emitidos sobre las muertes de Colosio y Ruiz Massieu; la Fiscalía de delitos del pasado sólo sirvió para asustar con el petate del muerto y en las demás es peor, porque los asesinatos de periodistas y las acciones violentas contra la libertad de expresión se han disparado en forma dramática, al igual que la violencia contra las mujeres y la trata de personas. Y ni hablar del terreno electoral, donde en cada campaña, local o federal, cada partido y cada candidato hacen lo que se les pega la gana.
En la percepción de su servidor, no es en la persecución del delito y en el castigo donde se puede encontrar la solución a los actos de corrupción, sino en la madre de todas las medidas: La prevención.
Sería mucho más productivo para el Estado un sistema que evitara que se sufriera el saqueo presupuestal; que impidiera que la obra pública se convierta en materia de subasta; que vigilara realmente que se cumplan los reglamentos de adquisiciones; que frenara –antes de que sucedan– los abusos y derroches germinados en la discrecionalidad de los altos funcionarios sobre gastos suntuarios y desde luego, que evaluara el desempeño profesional de los servidores públicos, como se incluye en la nueva ley, para mandar al cuerno a incompetentes que ayudarían mucho más a la Entidad si se alejaran de ella.
Y si existiera esa saludable anticipación, para nada tendría que crearse un Sistema Anticorrupción y mucho menos un Fiscal…
La frase del día
“Hay que tener cuidado en elegir a los enemigos, porque uno termina pareciéndose a ellos”…
Jorge Luis Borges/Escritor argentino
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