CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas.- La Comisión Nacional de Derechos Humanos inició una demanda de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Extinción de Dominio del Estado de Tamaulipas, aprobada por el Congreso del Estado y vigente desde el mes de junio del 2016.
De acuerdo con el documento firmado por el presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, pide a los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declarar la inconstitucionalidad del artículo 58 por no garantizar la reparación del daño a las víctimas.
En el documento dirigido a la máxima corte del país, se menciona que los derechos humanos velados por la Ley de Extinción de Dominio son: el derecho de protección y asistencia a las víctimas de los delitos de trata de personas, el derecho a la reparación del daño, el principio de legalidad y el principio de pro persona.
Y es que en el artículo 58 de la Ley de Víctimas, se contempla que el dinero obtenido por una propiedad decomisada por el Gobierno de Tamaulipas por ser lugar donde se cometían delitos, pasarán al presupuesto de la administración estatal, procurando la reparación del daño, aunque no se destaca el procedimiento para realizar esta acción.
“Los bienes derivados del procedimiento de extinción de dominio, serán adjudicados por el Gobierno del Estado de Tamaulipas, sin contemplar lo relativo al fondo de las víctimas para la reparación del daño de los delitos de trata previsto en la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas”, indica el texto emitido por la CNDH.
La argumentación dada por la entidad nacional defensora de derechos humanos, es que los recursos obtenidos por la aprobación de inmuebles donde se cometa el delito de trata de personas, sean destinados al Fondo de Atención a Víctimas del Delito, para que ese recurso sea aplicado en la reparación del daño de estas.
“Los recursos del Fondo de las entidades federativas, provenientes de los bienes que hayan sido objeto de extinción de dominio, podrán utilizarse para el pago de la reparación del daño a la víctima, en los términos de las legislaciones locales en materia de extinción de dominio”, indica el inciso D de la conclusión del texto.
De la entrada en vigor a la fecha, de la Ley de Extinción de Dominio, no se iniciaron denuncias o procesos legales para decomisar edificios o viviendas donde se realizaran hechos delictivos, esto tal como lo informó la Procuraduría General de Justicia en una solicitud de transparencia.
De enero del 2016 a la fecha son 58 las víctimas del delito de trata de personas en Tamaulipas, donde se detuvieron a ocho personas, en operativos realizados en las ciudades fronterizas de Reynosa y Matamoros, tal como lo informó la Procuraduría General de Justicia.
