Los números dan escalofríos. Y sólo son de febrero pasado.
De acuerdo a las estadísticas de la Mesa de Seguridad y Justicia en Reynosa, durante ese mes se denunciaron en esa ciudad –multiplíquelo por tres si
sumamos los que quedaron en la oscuridad– 245 delitos de alto impacto.
El organismo adscrito al Observatorio Ciudadano detalla que de esa cifra roja en la población más insegura de la Entidad, 82 fueron robos con violencia, seis secuestros, 28 robos a casas habitación y 22 a negocios, 26 homicidios y los demás de diversa naturaleza. En ese contexto llama la atención que en el renglón de asaltos en la vía pública los transportistas fueron los más afectados y después los propietarios de vehículos particulares. Es para no dormir.
¿Por qué poner sobre la mesa esta numeralia?
Porque el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca anunció la semana pasada que dedicará por lo menos la quinta parte de su tiempo como mandatario a esa comunidad, su ciudad natal. Y es explicable su preocupación, la inseguridad está golpeando a todos en esa frontera.
En ese sentido, bienvenida la decisión porque los esfuerzos estatales se enfocarán en gran medida a contrarrestar a la delincuencia. La presencia física del Gobernador debe dar resultados positivos a corto plazo y beneficios a gran parte de la población reynosense, lo cual significa que la respuesta oficial se está dando en la medida real de los problemas y es de esperarse que una reacción de ese tamaño se de en otras ciudades con líos similares a la
mencionada.
Buen punto desde esa perspectiva.
El otro aspecto que no puede soslayarse es el relativo a los llamados “giros negros”, cuyas actividades se basan en la venta de bebidas alcohólicas.
Me parece plausible que se establezca como meta frenar las actividades ilícitas en ese terreno y la sociedad entera lo agradecería por los nocivos efectos que generan, pero también me parece que en la historia cercana el origen de ese problema no está en los municipios.
Desde hace años las licencias para la comercialización de ese tipo de bebidas las expide el Gobierno del Estado. Tengo entendido que la actual administración ha impuesto un saludable alto en lo que va de la misma, pero existe una larga fila de permisos irregulares concedidos “al vapor” –por diversas causas– en sexenios anteriores que son precisamente el origen de la fiebre de expendios y antros ilegales, los cuales deben ser revisados y valorados directamente por el gobierno estatal, porque no es posible exigirles a los ayuntamientos que resuelvan esa ola de infracciones cuando no son ellos los que crearon ese problema. En tres palabras: se los heredaron.
Es buena la intención estatal sin duda, pero como decían las abuelas, para aliviar una enfermedad hay que dar el remedio, pero también el trapito…
Comunicación, divino tesoro
Una de las fórmulas para hacer más eficiente a cualquier orden de gobierno o dependencias del mismo, es la calidad en la atención de los servidores públicos a la sociedad. Y lo anterior depende de una buena relación entre esas autoridades y los trabajadores.
Dos casos llaman la atención en ese sentido. Y los dos en Victoria.
Uno de ellos es el Ayuntamiento, en donde la comunicación permanente del alcalde Óscar Almaraz Smer con la dirigencia sindical del municipio y en general con los integrantes de ese gremio, ha generado un servicio ágil y efectivo en los trámites de sus diversas oficinas.
Otro caso es el de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado, cuyo gerente general Gustavo Rivera Rodríguez desde febrero pasado pavimentó la buena marcha de esa dependencia al lograr un acuerdo con el sindicato de la misma representado por Carlos Alberto Lazo, que como primer balance ha permitido un contacto cortés con los consumidores y prontas reacciones a las emergencias.
Como decía un viejo comercial: Hablando se entiende la gente…
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