CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas.- Treinta y tres ciudadanos relacionados con el activismo por personas desaparecidas en Tamaulipas ya son protegidos por el gobierno estatal, informaron fuentes de la Secretaría General de Gobierno (SGG).
La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) tiene a su cargo la seguridad de 8 habitantes tamaulipecos y la Procuraduría General de Justicia (PGJ) resguarda a 25 ciudadanos. Una persona declinó la seguridad y 4 casos más siguen en análisis. Las poco más de 3 decenas de solicitudes se tramitaron del 11 al 17 de mayo.
La protección de activistas en derechos humanos se da después del asesinato de la defensora de víctimas, Miriam Rodríguez Martínez. Desde el 2014 Rodríguez Martínez buscaba el resto del cuerpo de su hija Karen Alejandra, quien fue secuestrada y asesinada en enero de ese año.
De acuerdo con la información de la SGG, elementos de la Fiscalía Especial de Atención a Personas no Localizadas o Privadas de su Libertad y la Coordinación Estatal Antisecuestros se encargan de proteger a 25 personas. Trece activistas pidieron seguridad directamente por medio de oficio y el resto se otorgó tras la evaluación de riesgos hecha por las dependencias de seguridad y justicia.
Dos activistas del Colectivo de Familiares, Amigos de Desaparecidos en Tamaulipas son protegidos por agentes estatales. El representante del grupo de Victoria, Guillermo Gutiérrez Riestra, quien tiene desaparecida a su hija Raquel desde el primero de septiembre de 2011, hizo público que cuenta con seguridad.
“El gobierno de Tamaulipas me designó un policía de escolta como medida de protección, esperando que igual trato se les dé a las compañeras y compañeros que han solicitado las medidas de seguridad agradecerles a todos el apoyo recibido y la preocupación a raíz del asesinato de Miriam”, difundió este mensaje en su cuenta de Facebook.
El gobierno estatal integró el Comité para la Implementación de Medidas de Seguridad a cargo del Estado. Dicho equipo proveerá de medidas de seguridad provisiones y urgentes, a defensores de derechos humanos y periodistas.
En la primera reunión participaron la subsecretaria de Legalidad y Servicios, Gloria Elena Garza Jiménez; el director jurídico de la Procuraduría General del Estado, Craig López Olguín; y el secretario técnico de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas (Codhet), José Roel Paulín.
Piden comisión para caso de Miriam
Por la tarde de ayer, la Comunidad Ciudadana en Búsqueda de Desaparecidos en Tamaulipas pidió a la Procuraduría General de Justicia (PGJ) crear una comisión independiente que vigile la investigación del asesinato de la activista Miriam Rodríguez Martínez.
“Solicitamos al Procurador General de Justicia, Irving Barrios Mojica, abra la investigación del asesinato de Miriam para que un comité ciudadano, compañeras y compañeros de Miriam en la Comunidad y expertos internacionales, la supervise”, informaron vía comunicado emitido hoy.
La Comunidad Ciudadana en Búsqueda de Desaparecidos en Tamaulipas es la asociación que cofundó Miriam Rodríguez en febrero de 2017. Dicha organización fue quien, la madrugada del jueves 11 de mayo, reveló el homicidio de la activista sanfernandense.
“Queremos que se reactiven las búsquedas, que no se detengan; las familias queremos verdad, justicia y paz. Es lo mismo que exigimos para las familias de los seis periodistas asesinados en lo que va del año. Desde Tamaulipas nuestro apoyo para los periodistas dignos que acompañan nuestra lucha”, afirma la asociación que agrupa a más de 2 mil casos de mujeres y hombres desaparecidos en Tamaulipas.
Refuerzan seguridad a familia de Miriam
En cumplimiento a la medida cautelar 51/2017 solicitada por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, consistente en reforzar la protección de los familiares de la señora Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez, se asignó seguridad a los integrantes de su familia.
Conforme al artículo 31 de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, se determinó mantener la vigilancia emergente implementada desde el día del asesinato de la activista.
Entre los acuerdos que se tomaron por parte de las víctimas y la autoridad, se determinó que el servicio de protección sea discreto. Además, se asistirá con otros sistemas de vigilancia.
