CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas.- Hace 15 años que los gobiernos de Tamaulipas han reiterado a la Secretaría de Gobernación que los penales de la entidad no tienen condiciones de infraestructura y capacidad administrativa, para dar una reclusión segura a reos federales, especialmente aquellos muy violentos, con alto poder económico o mando dentro de grupos delincuenciales.
El traslado de reos peligrosos es una petición que el gobierno de Tamaulipas hace una decada y media repite en forma reiterada, sexenio tras sexenio, mientras la infraestructura de reclusión que pertenece a normas del Siglo XX, envejece y aumenta la peligrosidad reclusos y se dificulta la seguridad en los penales.
“Las Secretaría de Seguridad Pública federal, la Procuraduría General de la República, y los jueces federales, han ignorado que los penales de Tamaulipas no tienen condiciones de seguridad para reos federales peligrosos y ni siquiera contestan oficios en los que se solicita su traslado”, se quejó a un medio de circulación nacional, en agosto de 2003, el entonces director del sistema penitenciario, Manuel del Riego.
El director de los penales de Tamaulipas, dijo que además de no contestar los jueces federales continuaban enviando reos peligrosos, propiciando autogobiernos y fugas, corrompiendo y urgieron a la reubicación de 92 reos peligrosos, lo cual se hizo parcialmente.
En 2005 El Gobierno de Tamaulipas volvió a solicitar a la Secretaría de Seguridad Pública federal recluir en penales federales a los reclusos considerados de mayor peligrosidad, debido a su poder económico y posición dentro de la mafia de las drogas.
«Solicitamos el traslado de 10 a 15 de los más peligrosos o de más alta peligrosidad que tenemos», dijo la entonces Procuradora Mercedes del Carmen Guillén.
En 2009 en una entrevista, el entonces Secretario de Seguridad Pública estatal, Ives Soberón Tijerina, reveló que ninguno de los centros de reclusión que funcionaban, Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Victoria y Altamira, eran de alta o media seguridad y su diseño impedía recluir a reos peligrosos.
En 2011, 2013 y 2016, el Gobierno de Tamaulipas volvió a exigir a la federación la reubicación de reos federales o del fuero común que se consideraron de alta peligrosidad, pero solamente logró la reubicación de menos de 100 de los que aparecían en la lista, la cual fue filtrada permitiendo que se gestionaran amparos.
Ese año, a la mala situación de reclusión se agregó que en marzo el Centro Federal de Readaptación Social, el único reclusorio de alta seguridad en Tamaulipas, fue cerrado por remodelación y hasta la fecha no ha sido reabierto.
Entre las respuestas negativas del Gobierno federal a Tamaulipas, resaltan los recortes al Fondo de Aportaciones a la Seguridad Pública (FASP) ocurridos en el presupuesto de 2016 y 2017, y la cancelación de fondos desde 2012, para la terminación del nuevo Centro de Ejecución de Sanciones de Victoria, el cual sería de media seguridad con módulos de alta seguridad y que desde entonces se encuentra en obra negra y has sido depredado
Año con año desde 2011, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha reprobado al sistema penitenciario estatal y la calificación lejos de subir, tiende a las baja, y en 2016 se alcanzó la peor de esas calificaciones reprobatorias con 4.95 de 10 puntos posibles
Tal calificación fue la quinta más baja del país, solamente detrás de Nayarit, Guerrero, Hidalgo y Quintana Roo, y la más baja entre los estados del norte del país y la CNDH visitó los penales estatales entre el 6 y 11 marzo de 2016.
Las deficiencias
En Tamaulipas hay seis mil 205 reclusos, de los cuales mil 140 son reos del fuero federal, según el más reciente de los informes penitenciarios emitido por la Comisión Nacional de Seguridad, el cual tienen un año de antigüedad, pese a que el organismo está obligado a actualizarlo mes a mes como deber de transparencia
Los Centros de Ejecución de Sanciones (Cedes) de Reynosa, Nuevo Laredo, Matamoros y Victoria, fueron reprobados por la CNDH, mientras los de Altamira, Tula y Jaumave no han sido evaluados.
Los principales problemas detectados en los Cedes de Reynosa, Nuevo Laredo, Matamoros y Victoria, fueron: Insuficiencia de personal de seguridad y custodia, deficiencias en el proceso para la imposición de las sanciones disciplinarias, ejercicio de funciones de autoridad por parte de internos del Centro (autogobierno/cogobierno) Deficiente integración del expediente técnico-jurídico y falta de capacitación de los custodios.
