CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas.- Las familias de los funcionarios de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas que fueron emboscados y asesinados el pasado 4 de enero en Nuevo Laredo, recibirán una pensión vitalicia correspondiente al cien por ciento del salario.
A propuesta del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, las familias de todos los funcionarios que murieron en el cumplimiento de su deber, recibirán los beneficios de incrementos, apoyos y servicios de salud a los que tenían derecho.
De acuerdo con las iniciativas que recepcionó la diputación permanente, las pensiones votaciones serán entregadas a las familias de Agustín Jonathan Rosales García, quien al momento de su muerte se desempeñaba como Jefe de Departamento de Bodega de Evidencias de la Coordinación Regional del Sistema Penal Acusatorio y Oral de Nuevo Laredo, de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas.
También se incluyó a la esposa e hijos de Carlos Alberto Pazarán Hernández, Agente del Ministerio Público de la Coordinación Regional del Sistema Penal Acusatorio y Oral de Nuevo Laredo, de la Procuraduría General de Justicia del Estado.
Además de la familia de María del Carmen Jácome Moneada, quien laboró como Oficial Ministerial de la Coordinación Regional del Sistema Penal Acusatorio y Oral de Nuevo Laredo de la Procuraduría General de Justicia del Estado.
Así como a la familia de Ricardo Martínez Chávez, fallecido en el cumplimiento de su deber y en reconocimiento a los servicios públicos desempeñados en el Estado. Laboró como Coordinador Regional del Sistema Penal Acusatorio y Oral de Nuevo Laredo, de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas.
