CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas.- El Gobierno de Tamaulipas defendió ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación calificar el delito de extorsión con prisión preventiva marcado en el Código Penal de la entidad.
De acuerdo con el coordinador general Jurídico del Gobierno de Tamaulipas, Abelardo Perales Meléndez, la administración estatal acudió ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación a presentar los argumentos en un recurso de inconstitucionalidad presentado por Derechos Humanos.
“Actualmente se está tramitando una demanda que promovió la Comisión Estatal de Derechos Humanos en contra del Congreso del Estado y del Ejecutivo a la cual ya dimos respuesta y la semana pasada comparecimos formulando alegatos sobre esa acción de inscontitucionalidad”, sostuvo Perales Meléndez.
El coordinador jurídico, Abelrado Perales, explicó que la postura de la administración estatal, es que las personas que se vinculen a proceso por el delito de extorsión, lleven el proceso bajo prisión preventiva, ello debido al alto índice de casos que se tratan por este delito en tribunales del estado.
“Nosotros estamos proponiendo que el artículo 22 del Código Penal de Tamaulipas considera la extorsión como delito de prisión preventiva oficiosa, los estados también puedan de acuerdo a sus regiones, a sus necesidades, calificar ese delito como de prisión”, indicó.
Perales Meléndez indicó que es necesario realizar modificaciones al Nuevo Sistema de Justicia Penal, ya que en algunos casos las víctimas no reciben la reparación del daño, por defenderse los derechos humanos del imputado.
“Hay dos derechos en pugna, el del acusado y el del ofendido, pero el ofendido tiene derechos que no se están protegiendo, que la eficacia de los derechos humanos es el gran tema, es el gran problema, creo que México tiene que responder con gente muy preparada”, agregó el asesor jurídico.
La preparación de los actores en un proceso legal en el Nuevo Sistema es un tema que se necesita reforzar, tal como lo indica Abelardo Perales Meléndez, quien agregó que esto implica un reto para las partes tanto ministerios públicos como abogados defensores.
“La falta de preparación de ministerios públicos y los defensores de oficio, tenemos que poner mucho énfasis en la capacitación permanente; el reto de abogados es que tenemos un nuevo sistema de justicia y que ahora nos exige una preparación a conciencia”, agregó.
