CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas.- A 24 horas que entre en vigor el Sistema Estatal Anticorrupción, se prepara la columna vertebral para combatir a la corrupción, como pare de éste proceso histórico que inicia mañana 18 de julio.
Junto con ello, un día después, el 19 de julio, será una obligación para todos los servidores públicos el presentar la declaración 3 de 3, pero con la ventaja de que lo harán con esquemas que los protejen de la delincuencia.
El Congreso del Estado puso en marcha las reformas Constitucionales del Sistema Estatal Anticorrupción y siete leyes secundarias, y la creación del Comité de Participación Ciudadana está en proceso de diseño, una vez que, el pasado doce de julio tomaron protesta nueve ciudadanos que forman parte de la Comisión Seleccionadora y son los responsables de lanzar la convocatoria para elegir a 5 ciudadanos de este Comité.
El Comité de Participación Ciudadana Anticorrupción, estará conformado por ciudadanos que durarán en el cargo cinco años y a cambio recibirán una aportación económica por honorarios porque no podrán dedicarse a otra actividad para obtener ingresos económicos que no sea la de estar dentro del Comité.
Dicho Comité se encargará de vigilar los procesos administrativos del gobierno y denunciar actos de corrupción que se puedan presumir en cualquier dependencia y alertar incluso sobre posibles actos de desvíos en compras, adquisiciones, Fideicomisos, Fondos presupuestales, actuación de jueces, magistrados, ministerios públicos, procuraduría, Finanzas o Administración, entre otros aspectos.
Uno de los cinco ciudadanos, presidirá el Comité de Coordinación que, será la columbra vertebral del Sistema Estatal Anticorrupción que hasta hoy, no ha sido electo.
Cabe señalar que esta elección, no es responsabilidad del Congreso del Estado, pero sí de aportar todos los elementos para que se cuente con las representaciones que directamente combatirán a la corrupción.
A unas horas de cumplir la fecha fatal para entrar en operaciones el Sistema Estatal Anticorrupción, el Poder Legislativo aprobó el pasado primero de junio la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa, la Ley de Responsabilidades Administrativas, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, así como la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas.
Además, se estableció la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado y la de reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado.
Código Para el Estado de Tamaulipas, La Ley Orgánica del Poder Judicial, así como la Ley de Fiscalización y Gasto Público y se crearon los Órganos internos autónomos de Control, así como la figura del Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción.
Uno de los elementos con los que llega a contra reloj, son los nombramientos de tres Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa y la Comisión de Participación Ciudadana integrada por 5 ciudadanos.
Los delitos como el peculado, el cohecho, el abuso de autoridad, desvío de recursos o enriquecimiento ilícito, tráfico de influencia, que están definidos en el código, se reformaron para incrementar las penalidades y precisar los tipos penales, cuáles serán delitos graves y cuáles no serán delitos graves.
Un día después que entre en vigor el Sistema Estatal Anticorrupción, debe ponerse en marcha la Ley 3 de 3 que también fue aprobada por el Congreso del Estado.
Sin embargo, este nuevo sistema permite la versión pública de la declaración tres de tres y una privada. Además la declaración podrá realizarse de manera electrónica.
Los legisladores aprobaron esta ley bajo los escenarios que vive Tamaulipas en materia de inseguridad porque de otra forma, señalaron en su momento, podría ser el miedo lo que impida el cumplimiento a presentar una declaración patrimonial, fiscal o de conflicto de intereses.
Ahora los funcionarios podrán hacerla dentro de lo que marca la nueva Ley de Responsabilidades Administrativas ya vigente.
La Contraloría es la instancia que recibe las declaraciones al iniciar el mandato anual, así como al dejar el cargo o finalizar el sexenio.
Pero ahora, los funcionarios tienen las posibilidades de ocultar los bienes inmuebles, vehículos, cuentas bancarias, inversiones, recibos por prestaciones del cargo público o resultado de otra actividad profesional.
En la declaración privada y que estará en manos del Estado, debe contener todos los aspectos legales que se exigen, con la finalidad de que, si es requerida por un juez se pueda entregar.
La declaración pública contendrá lo necesario que establece la Ley, como sus salarios, su actual domicilio, las áreas en donde trabaja o a trabajado, entre otros aspectos.
