¿Quién vigila al vigilante?… Acaso uno de los desafíos más urgentes de la nueva Policía Estatal de Auxilio Carretero sea el definir cómo habrán de rendir cuentas los oficiales cuando menudeen episodios criminales bajo sus dominios.
Al ciudadano medio le debe quedar bien clara la ruta de la queja, el camino de la denuncia, la vía institucional más corta y efectiva de protestar, señalar, inconformarse.
Denunciar la ineficacia (o, ya de plano, la inacción) policial luego de tal o cual acometida del hampa. ¿Su titular rendirá informes al congreso de manera mensual, bimestral, trimestral?
Cabría pensar en un territorio estatal dividido en demarcaciones. Única manera de identificar en donde y en quién estuvo la falla.
En qué kilómetro de cuál carretera, qué día y hora, ocurrió el atraco, asalto, robo con violencia, cobro por cosecha o hato ganadero. Información básica para saber quién debe responder por ello.
En los peores tiempos de GEÑO, las bandas delictivas instalaban sus retenes en puntos fijos de las carreteras principales, por días y hasta semanas.
Desvalijaban gente sin que ninguna corporación municipal, estatal o federal, hiciera valer su autoridad en dicho territorio. Los dejaban hacer, disponer de patrimonios y personas. De vidas, incluso.
En términos de transparencia, el ciudadano común debe saber hacia dónde señalar cuando aflora esa forma de corrupción pasiva, pero en extremo dañina, llamada disimulo.
Ubicar de inmediato al mando policial que falló por ineptitud o colusión y exigir su comparecencia, cese, castigo.
Es obligación, incluso, de los representantes populares (diputados, les dicen) llamar a cuentas al jefe policial y al responsable de aquel paraje o tramo donde ocurra un hecho delictivo grave, contra turistas, transportistas, agricultores, ganaderos, comerciantes.
Porque si el entrenamiento, patrullas, pertrechos y nuevos uniformes no logran el cambio verdadero y la “vista gorda” se perpetúa, la naciente corporación habrá incumplido.
Debe, entonces, quedar claro quiénes son los encargados de cada región o zona. Para que legisladores, partidos, cámaras de comerciantes, cúpulas empresariales, asociaciones de ganaderos y agricultores, organizaciones no gubernamentales, ciudadanía llana, sepan a quien pedir explicaciones.
No existe en México la territorialidad que finca el orgullo y otorga prestigio al alguacil, el sheriff, el comisario norteamericano.
Que en “su demarcación” (el espacio asignado bajo su responsabilidad) la vida transcurra en paz y prosperando, la vagancia es ahuyentada, la malvivencia combatida y cualquier delito debidamente castigado.
En nuestro país, un puñado de instituciones se la pasa aventándose la pelotita ante episodios que ocurren en lugares bien identificados, donde nadie asume responsabilidad alguna.
Primero San Fernando, luego Ayotzinapa. En ambos casos había autoridades de los tres niveles con poder suficiente para impedir las desgracias.
Al final no hubo deslinde. Las investigaciones se limitaron al arresto de un puñado de malandros y gendarmes. Ningún vigilante de jerarquía superior pagó por su anuencia.
En Iguala, quien cayó fue un tonto útil, exvendedor de sombreros, alcalde del PRD, cuñado de hampones de bajísima ralea. Sus protectores de uniforme durmieron tranquilos.
Se cumplió así la sentencia de que el hilo revienta por lo delgado. Las piezas menores del aparato delincuencial son reemplazables y pueden ser sacrificadas para salvar al conjunto.
Buen reto para la nueva guardia caminera que desde ahora dará servicio en Tamaulipas. Que la estadística les sea favorable en los años venideros, es la demanda más sentida de la población. Será el aplauso mayor si el objetivo se logra. Merecen, pues, el beneficio de la duda.
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