Figura en la agenda de los señores legisladores locales la seguridad de periodistas y defensores de los derechos humanos. Se tejen planes.
Intención de crear una ley que tendría entre sus objetivos el garantizar la vida, integridad, libertad y seguridad de los grupos referidos, por considerar que sus tareas se desempeñan “en situación de riesgo”.
Habemos, pues, proyecto de nueva Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
La cual aterriza un esfuerzo similar elaborado en el Congreso de la Unión desde el año 2012. Norma federal que buscaría encontrar su equivalente en el marco jurídico tamaulipeco.
Curioso país el nuestro donde todo lo queremos resolver desde el papel. Ordenamientos legales, responsabilidades y obligaciones, en lugar de la acción directa.
Reformas que (mire usted) pese a llevar cinco años de vigencia en el plano nacional, no han disminuido (ni castigado) la mortandad de comunicadores y activistas.
Por supuesto, llama la atención que el tema de los periodistas se entrecruce con el de los derechos humanos.
Sobre todo, si recordamos que, en el plano federal, los ataques a la prensa se atienden desde una Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), adscrita a la PGR.
Instancia que (al menos en teoría) está provista de dientes para investigar y proceder contra los agresores.
Cargo que desde el 17 de mayo pasado recae en el abogado RICARDO SÁNCHEZ PÉREZ DEL POZO. Caballero egresado de la Escuela Libre de Derecho, master por la Universidad de Northwestern en Chicago, con trayectoria en PGR, SEGOB, el Poder Judicial y hasta en la ONU.
Lo cual significa poco (o nada, acaso) si dicha colección de galones académicos no se refleja en resultados tangibles. Los crímenes no cesan, el castigo tampoco llega.
La impunidad, en efecto, prevalece. Tampoco existe registro (desde que se creó la FEADLE) de alguna condena emitida contra verdugos de periodistas.
Más inofensivos aún son los defensores institucionales de los derechos humanos. Los llamados ombudsman (nacional, estatales) cuya función es meramente testimonial.
Pongámoslo de la siguiente manera. Si la FEADLE tiene dientes, pero no los usa, la CNDH y sus hermanitas ni a dientes llegan.
Nacieron chimuelas, carecen de autoridad para llegar un milímetro más allá del tomar nota y vocear las tragedias. Triste papel, por definición improductivo.
Pareciera que su función es llorar junto a las víctimas. Oficio antiguo, el de las plañideras habilitadas para dar ambiente a los funerales, en el México colonial, el medioevo español, la antigüedad romana, hebrea, egipcia.
Lloronas profesionales. Aunque de poco sirven sus gritos en un país de cínicos, donde la piel y los tímpanos de la autoridad se han vuelto insensibles a todo señalamiento público.
Se necesitaría, pues, que en ambos campos (derechos humanos y protección a periodistas) hubiese localmente autoridades suficientes y capaces.
Profesionales avocados de manera explícita a escuchar denuncias y actuar de inmediato, con funciones similares a las de un ministerio público.
De otra manera, la querella se pierde en laberintos burocráticos. Esa larga secuela de etapas que parece diseñada para vencer por cansancio a sobrevivientes y deudos.
Bienvenida, pues, la reforma que asoma en el poder legislativo local. Pero tendrá que representar algo más que un ornamento jurídico, pensado en dar lustre al discurso oficial.
Si no es operativo, ni está dotado con los mecanismos necesarios para obrar con prontitud, eficacia y resultados, vendrá únicamente a engordar la lista de sueños floridos.
Esas buenas intenciones de las cuáles (según reza el viejo aforismo) está empedrado el camino del infierno.
BUZÓN: lopezarriaga21@gmail.com
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