CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas.- La decisión final sobre la extradición de Eugenio Hernández Flores ha quedado en manos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, luego de que el juez Eucario Adame Cruz, se pronunció en contra de que el ex gobernador sea enviado a los Estados Unidos.
En su opinión jurídica dictada este lunes 22 de enero, considera que los hechos imputados al acusado deben ser juzgados en México.
Sin embargo, la determinación del juez no representa ninguna obligación para la Cancillería, pues la posición de la justicia no es vinculante; es decir, el Secretario Luis Videgaray será quien en última instancia, a más tardar el 20 de febrero, defina el destino de Hernández Flores.
En una nota informativa emitida por el Consejo de la Judicatura Federal, señalan que los delitos por el mal manejo de recursos públicos del estado de Tamaulipas corresponde ser investigados y juzgados al Gobierno Mexicano y no a ninguna autoridad extranjera.
“Debería turnarse el expediente a las autoridades competentes en el ámbito nacional para el ejercicio de la acción penal, según el artículo 32 de la Ley de Extradición, para procesarlo por esos hechos y por los delitos en el extranjero al tener jurisdicción también para ello”, se explica.
A partir de este martes 23 de enero, la Secretaría de Relaciones Exteriores cuenta con 20 días hábiles para determinar si el ex gobernador de Tamaulipas es entregado o no las autoridades norteamericanas.
“Al comunicar su opinión jurídica a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), señala que si bien esta opinión carece de fuerza resolutiva o vinculante, de todos modos representa el ejercicio de una facultad conferida a una autoridad, cuyos fundamentos y motivos deben quedar expuestos por escrito”, expresa el comunicado del Consejo de la Judicatura.
De acuerdo a los tratados internacionales, firmados entre el gobierno mexicano y el norteamericano, la SRE es la última autoridad encargada de decidir si Eugenio Hernández es llevado a los tribunales federales en el estado de Texas.
En caso de que la cancillería determine extraditar a los Estados Unidos al ex gobernador tamaulipeco, la defensa de este todavía puede interponer un amparo para que este proceso no se desarrolle.
Por ahora, las audiencias en el caso de la extradición del ex gobernador terminaron ante las autoridades federales instaladas en Ciudad Victoria, por lo que a partir de los próximos días su caso se definirá por completo en la capital de país.
Los delitos por los cuales Eugenio Hernández es solicitado por las autoridades norteamericanas son:
Asociación delictuosa para cometer lavado de dinero, operar un negocio de envíos de dinero sin licencia y asociación delictuosa para cometer fraude bancario.
El abogado Juan Jorge Olvera Reyes explicó están en espera de conocer los detalles sobre la opinión jurídica del juez.
“Nos acaban de informar los puntos resolutivos, falta que nos emitan copia de la resolución, sabemos que es muy ámplia y tendremos que analizar su contenido”, explicó Olvera Reyes respecto a este proceso.
De acuerdo con el abogado que encabeza la defensa del ex mandatario tamaulipeco, aún existe un proceso que deberá seguirse, “una vez que el Juez emite su opinión, la hace saber a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que sea a su vez también emita su opinión”.
Explicó que esperan que la opinión de la Secretaría de Relaciones Exteriores sea acorde a la emitida por el Juez Eucario Adame, aunque de ser contraria a esta, aclaró que la Ley establece que el reclamado puede interponer un recurso de amparo.
El ex mandatario permanece recluido en el Centro de Ejecución de Sanciones (Cedes) de Victoria desde el pasado 6 de octubre, cuando fue detenido por delitos de Peculado y Lavado de dinero, imputados por la Fiscalía Anticorrupción de Tamaulipas.
Ahí permanecerá a la espera de la decisión que tome la Cancillería.
Critican diputados decisión del juez
Ángel García
Los diputados del PAN en el Congreso de Tamaulipas condenaron la negativa del Juez Eucario Adame Pérez pa a apoyar la extradición del ex gobernador, Eugenio Hernández Flores.
La condena se generó al considerar que existen elementos suficientes para que responda ante las autoridades estadounidenses por los delitos de los que se le acusan.
“Condenamos enérgica y categóricamente la opinión jurídica emitida por el juez federal, Eucario Adame Pérez, sobre la decisión que Hernández Flores no debe ser extraditado a los EU y de esta forma dejar la responsabilidad a la Secretaría de Relaciones Exteriores”, expresó el diputado Carlos García, al ser cuestionado sobre el tema.
El juez tomó esta decisión fundamentado en el artículo 9 del Tratado de Extradición, sin embargo ello no implica que haya desechado las acusaciones contra el ex mandatario.
El año pasado, el juez de distrito especializado en el Sistema Penal Acusatorio en Ciudad Victoria, Raymundo Serrano Nolasco, resolvió decretar la detención formal con fines de extradición, para que el reclamado continuara enfrentando el procedimiento de extradición en prisión.
A pesar de las acusaciones y señalamientos, el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal con residencia en Ciudad Victoria, Eucario Adame Pérez, emitió su resolución en contra de la extradición de Eugenio Hernández Flores, quien es solicitado por el gobierno de Estados Unidos.
La decisión provocó la reacción de la fracción del PAN en el Congreso de Tamaulipas que exigió coherencia y respeto para las instancias que atienden el caso.
Petición de EEUU llegó en octubre
El 11 de octubre la embajada de Estados Unidos en México envío la nota diplomática 17-3953, firmada por el ministro consejero William H. Duncan, para solicitar la captura del
tamaulipeco a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Al día siguiente, la PGR recibió el oficio ASJ-36286 de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la (SRE).
El expediente de extradición 1/2017 refiere que la Corte Federal de Distrito para el Distrito Sur de Texas acusa a Eugenio Hernández de desviar recursos públicos de Tamaulipas.
El juez Adame Pérez reiteró que “lo más acorde a las reglas y fines del Tratado de Extradición aplicable y a disposiciones constitucionales, es consignar el expediente a las autoridades nacionales competentes para el procesamiento de los hechos; todo con fundamento en su artículo 9, parágrafos 1 y 2 del Tratado, al advertirse además que las autoridades
nacionales tendrían jurisdicción para procesarlos”.
Los presuntos actos de corrupción, concluye, ocurrieron en México durante su labor como funcionario público.
