CIUDAD VICTORIA, Tam.- La limpia en la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas es permanente y a la fecha a 30 elementos se les ha abierto algún expediente de investigación interna debido a faltas, que han originado sanciones, remociones y suspensiones.
El Procurador Irving Barrios Mojica, explicó que esta tarea es continua en la dependencia, “hay gente que ha cometido delitos, son varios los supuestos por lo que se separan”.
De acuerdo con las cifras de la dependencia, 15 han sido sancionados, 11 más removidos y cuatro fueron suspendidos, derivado del incumplimiento de sus funciones como servidores públicos.
El Ombudsman de Tamaulipas detalló que en el caso del Ministerio Público, dos fueron removidos y tres más suspendidos, el último caso fue un fiscal de Ciudad Madero.
La sanción es determinada por las investigaciones que realiza la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia para las Carreras Ministerial, Pericial y de Justicia Alternativa Penal, al demostrar el incumplimiento en el ejercicio de sus funciones.
El pasado 6 de octubre del 2017, la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia para los miembros de las Carreras Ministerial, Pericial y Justicia Alternativa Penal determinó remover a un perito profesional.
De acuerdo con la investigación, el Perito no atendió dentro del plazo de retención ministerial de 48 horas el requerimiento realizado y haber dado una respuesta por oficio 14 horas después de vencido dicho plazo, afectando gravemente el esclarecimiento de los hechos en materia de la investigación en donde una persona estaba detenida.
También un elemento de la Policía Investigadora adscrito a la Unidad General Investigadora Número 1, en el municipio de Altamira fue removido, siete más de la Policía Ministerial y un Actuario Ministerial que fue suspendido también por incumplir sus funciones, sanciones determinadas por la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia para los Miembros de la Carrera Policial.
Barrios Mojica explicó que con estas acciones se busca abatir las conductas ilegales de los servidores públicos de la dependencia, aclarando que quienes están suspendidos continúan las investigaciones para determinar su situación, “varios han promovido amparos y todavía queda la suspensión, no están directamente laborando hasta que se resuelva la situación jurídica”.
