CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas.- En las últimas semanas se ha registrado una ola de extorsiones hechas por personas al interior de los Centros de Ejecución de Sanciones (Cedes) de Tamaulipas.
La Comisión Nacional de Seguridad (CNS) registró decenas de reportes de ciudadanos que recibieron llamadas para pedirles fuertes sumas de efectivo. La indagatoria federal refiere que las comunicaciones se hicieron desde las cárceles de Altamira y Matamoros.
Recientemente, el Secretario de Seguridad Pública había advertido que los aparatos inhibidores de señal celular instalados en la administración anterior no funcionan.
Uno de los casos consignados por las autoridades fue denunciado por una mujer que busca a su hija desaparecida en Veracruz. Ella recibió una llamada de un varón que le habló por su nombre para pedirle una cantidad de dinero elevada y, en caso de no depositar, la amenazó con cortarle sus extremidades.
La madre, quien pidió anonimato, comunicó el caso a la CNS donde le indicaron que había otros casos similares. Otro hecho ocurrió en Michoacán, donde dos consultores de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), instancia de la ONU, fueron secuestrados, de acuerdo con información del gobierno michoacano.
Los dos profesionistas se encontraban hospedados en un hotel, cuando recibieron una llamada de extorsión. Ambos salieron con rumbos distintos y los secuestradores solicitaron a los familiares de las víctimas una cantidad de dinero. Personal de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) michoacana y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) encabezaron la búsqueda por aire y tierra.
A la par, elementos de la Unidad Especializada de Combate al Secuestro (UECS) rastrearon los aparatos celulares. Al tiempo encontraron a los hombres, uno había viajado a Morelia y otro estaba en la central de autobuses de La Huacana.
El sistema penitenciario y de ejecución de medidas para adolescentes en Tamaulipas cuenta con centros en Victoria, Altamira, Matamoros, Nuevo Laredo, Reynosa, Jaumave y Tula. El área encargada del control y operación es la Subsecretaría de Ejecución de Sanciones y Reinserción Social.
Respecto a las llamadas, Expreso pidió información a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Tamaulipas. “Es un tema de seguridad en penales que no se puede ventilar por su carácter estratégico, pero se está trabajando en ello”, respondió la instancia.
En septiembre de 2017, el titular de la SSP de Tamaulipas, Luis Felipe López Castro, informó que los inhibidores de llamadas operados por el gobierno estatal se actualizarían en 2018. Precisó que los programas de los aparatos instalados por el gobierno anterior quedaron obsoletos.
“A los inhibidores federales no tenemos nosotros control de ellos y los estatales que estamos en proceso de renovar algunos que han perdido sus capacidades. La tecnología telefónica avanza y el inhibido de señal debe de evolucionar al mismo ritmo”, comentó.
Un mes después, la secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESP), Silvia Pecina Torres, afirmó que los penales de Matamoros y Nuevo Laredo no contaban con bloqueadores de señal telefónica. Empero, atajó, los aparatos quedarían instalados a finales de 2017, situación que se desconoce.
las cifras
Extorsiones por año
2017 – 182 denuncias y 184 víctimas
2016 – 107 denuncias y 107 víctimas
2015 – 174 denuncias y 190 víctimas
2014 – 189 denuncias
2013 – 225 denuncias
2012 – 154 denuncias
2011 – 157 denuncias
De acuerdo con el reporte anual del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el año pasado aumentaron las víctimas de extorsión 41 por ciento. Esto quiere decir que en 2017 hubo 184 víctimas y en 2016 apenas 107.
La incidencia estatal muestra el incremento de ese delito, aunque no ha superado la situación de 2013 cuando la PGJ tamaulipeco recibió 225 denuncias por extorsión. La estadística oficial muestra que en 2015 hubo 190 víctimas del mencionado ilícito.
Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
