* El autor es Premio Nacional de Periodismo 2016
En los últimos días hemos conocido de asuntos delicados sobre los que importa reflexionar. Uno de ellos es el acuerdo entre ANUIES (Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Enseñanza Superior) y la Secretaría de Gobernación a efecto de que la Policía Federal ingrese en cualquier tiempo y circunstancia a los 191 centros que integran dicha organización.
Otro tema es el relativo a la legalización por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que las policías, se entiende que de cualquier nivel, puedan detener, interrogar y revisar bienes del ciudadano común sin que se requiera orden de la autoridad respectiva.
En el primero de los casos estamos ante un hecho inédito que llama a la provocación cuando se utiliza el pretexto de “combatir la delincuencia” justo donde menos debiera existir, es decir, en instalaciones educativas.
Por supuesto no hay que pecar de inocencia para suponer que en los campus estudiantiles no se cometen ilícitos, sin embargo considerando lo grave de dicho acuerdo es preferible que a los autores se les persiga fuera y no dentro toda vez que la invasión policiaca provocará otra clase de problemas como violentar la autonomía universitaria cuyo logro en diversos casos causó incluso pérdida de vidas humanas.
Extraña que personas con alto sentido de lo que significa el valor de la autonomía acepten sin mayor recato lo que parece una imposición oficial. Lo hacen los rectores de las casas de estudio más importantes del país, como el de la UNAM Enrique Graue.
Recordemos que la tragedia del 68 tuvo de inicio la invasión policiaca a planteles escolares. Y vea lo que son las cosas, esta provocación se presenta cuando está a punto de cumplirse 50 años de la matanza de Tlatelolco. ¿Coincidencia?, ¿se trata de perturbar el proceso electoral?. Todo podemos esperar.
Lo cierto es que este inesperado acuerdo entre Gobernación y ANUIES huele mal, tanto como hace 50 años con la represión que condujo a uno de los capítulos más tristes de la historia moderna de México.
A MERCED DE LA POLICÍA
El segundo tema tiene que ver con las garantías individuales impresas en la Constitución General de la República y por consecuencia con los derechos humanos.
Es bastante raro que los ministros de la Suprema Corte de Justicia hayan votado en forma unánime a favor del acoso policiaco al ciudadano común sin mediar mandato legal cuando la Carta Magna destaca que nadie puede ser molestado en su persona o bienes por autoridad alguna sin orden judicial que así lo determine.
¿Se trata de imponer un escenario de temor (o de terror), en los albores del proceso electoral más importante de los últimos tiempos?. ¿Es un aviso para inhibir o impedir la libre manifestación política de las mayorías?.
Y es que así como la SCJN lo ha decidido no hay duda de que cualquier mexicano queda expuesto al criterio policiaco. Para efectos prácticos esto es una regresión que recuerda al tristemente célebre “servicio secreto” encargado de realizar trabajos sucios a espaldas de la justicia.
Y fue tanta la urgencia de los ministros de la SCJN que tomaron la decisión cuando nadie la esperaba. Y por algunas evidencias pareciera que el tema fue incluido en la agenda casi en la clandestinidad, digo, tomando en cuenta que no hubo medio de comunicación que anticipara respecto de lo que se preparaba.
SUCEDE QUE
Todo indica que el PRI en Tamaulipas perderá a una de sus más apreciadas activistas. Se trata de Chacha de Alejandro quien ha confirmado al columnista haber recibido propuestas de varias organizaciones para convertirse en candidata a un cargo de elección.
Chacha cuenta con suficiente carisma y un capital político envidiable por lo tanto es una garantía para algún partido dispuesto a abanderarla en cualquier escenario. Por lo mismo no extraña que las propuestas electorales se multipliquen… Aplausos.
Y hasta la próxima.
