A siete días de haber jurado cumplir la Constitución, el presidente López Obrador metió al país durante otros siete días a una confrontación de poderes que terminó el jueves 13, con el sometimiento al mandato constitucional de división republicana. Sin embargo, el raspón final fue el indicio de la violencia que viene: huestes morenistas al estilo Nicolás Maduro fueron al edificio de la Corte a gritar y terminaron agrediendo a un funcionario de la institución, al confundirlo con un ministro.
El otro punto de referencia es local, pero con efectos nacionales: Morena en Puebla movió sus piezas para tratar de impedir, como López Obrador en 2006, la toma de posesión de la gobernadora panista-perredista Marta Erika Alonso, quien fue investida del cargo por el órgano constitucional legal: el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y ese acto de venganza política fue el anuncio de que las huestes morenistas van a mantener la inestabilidad violenta en Puebla por haber perdido, legal y legítimamente, la gubernatura.
Cuando se reunió con empresarios en la campaña en año, el candidato López Obrador dijo que impedirle la victoria anunciada por las encuestas iba a “soltar el tigre” de la protesta violenta y a ver quién lo amarraba otra vez. López Obrador ganó, las instituciones se plegaron a la legalidad y ahora resulta que el tigre fue soltado por el presidente López Obrador y su partido Morena para tratar de tomar el control total de las instituciones políticas y de gobierno.
La crisis con la Suprema Corte de Justicia de la Nación comenzó el viernes 7 cuando el ministro Pérez Dayán dio entrada a la controversia constitucional por la Ley de Remuneraciones que centralizaba el salario de funcionarios público en la figura del presidente de la república, cuyo cargo trae implícitos ciertos gastos cargados al erario y no a su salario. La mayoría morenista en las dos cámaras se lanzó contra la Corte porque la controversia llevó a la congelación de dicha ley, aunque más con discursos incendiarios de comité de salud pública francesa y amenazas de guillotinazos.
El ambiente se crispó porque muy claro quedó desde el principio que el tema central no era el salario del poder judicial, sino la intención de subordinar al poder judicial autónomo bajo del nuevo poder presidencial. La disputa entre poderes por la jerarquía de los poderes iba a derivar en actos dictatoriales de la presidencia. Al final, López Obrador tuvo que ceder, estuvo presente en el informe anual del presidente de la Corte y enfrió las calenturas revolucionarias de sus mosqueteros legislativos. Eso sí, dejó que las hordas morenistas estallaran la violencia física contra el edificio y funcionarios de la Corte.
El centro del debate López Obrador-Corte fue la fijación de territorios de poder. Es cierto que el poder judicial a ciertos niveles ha abusado de su autonomía, pero la intención presidencial fue subordinar al poder judicial a los mandos del poder ejecutivo. La teoría de la división de poderes nada tiene que ver con el Benito Juárez que asumió de manera simultánea funciones de ejecutivo y legislativo, sino que se relaciona con la tesis de Charles Louis de Secodant, barón de Montesquieu, cuya propuesta de división de poderes hizo pasar a mediados del siglo XVIII del absolutismo monárquico al principio fundador de la democracia: el equilibrio de poderes.
La argumentación del barón de Montesquieu fue sencilla: para evitar el abuso del poder era necesario que el poder acotara al poder. “No hay poder que no incite al abuso, a la extralimitación. ¡Quién lo diría! Ni la virtud puede ser ilimitada”, escribió en el capitulo IV del libro XI. Y ahí fijó otro de los principios generales del derecho en las democracias:
respeto a la Constitución, pues “una Constitución puede ser tal, que no sea obligado a hacer lo que la ley no manda expresamente ni a no hacer lo que expresamente prohíbe”. Estas tesis señalaron los límites del poder absolutista.
Al final, López Obrador y Morena perdieron y la Corte habrá de pagar su arrogancia salarial, pero la ganadora fue la democracia porque la estridencia encendió los focos rojos de alarma absolutista del nuevo presidencialismo totalizador de López Obrador. La mayoría morenista en la Cámara ha seguir amenazando, pero ya como tigre desdentado. A la corte le corresponderá ajustar salarios y prestaciones adicionales.
Pero las preocupaciones siguen vigentes. El presidencialismo de López Obrador quiere retrotraer su poder absolutista a 1982 y derogar la desarticulación del poder presidencial del Estado con la anulación de los organismos autónomos; ya tiene el ejecutivo y el legislativo y le falta controlar al judicial.
Política para dummies: La política es, cuando quiere ser ética, el equilibrio de poderes.
indicadorpoliticomx@gmail.com
@carlosramirezh
