Desde que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, asumió el poder el pasado 1º de diciembre, ha sido muy activo en el tema de migración. Para empezar, ese mismo día firmó, junto con sus pares de El Salvador, Guatemala y Honduras, un nuevo Plan de Desarrollo Integral para atender el fenómeno.
Derivado de ello y de las acciones llevadas a cabo por la nueva administración, Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, declaró que la crisis migratoria la estaban “resolviendo a pasos agigantados”, ya que el problema de la caravana migrante en Tijuana “había sido resuelto en 5 días”, por lo que “Estados Unidos estaba impresionado”. Algo así como cuando Vicente Fox dijo que el tema del EZLN iba a quedar resuelto en 15 minutos.
Por su parte, apenas el martes pasado, Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, anunció la firma de la Declaración entre México y Estados Unidos sobre los Principios de Desarrollo Económico y Cooperación en el sur de México y Centroamérica, por el cual Estados Unidos “se compromete a otorgar un total de 5.8 mil millones de dólares para reformas institucionales y desarrollo económico en el Triángulo del Norte, por medio de fuentes privadas y públicas.” El documento también refiere que el “gobierno de México ha anunciado el mayor compromiso de desarrollo en décadas en el sur, el cual incluye 25 mil millones de dólares por los siguientes cinco años. Estados Unidos, por su parte, (…) estará enfocado en aumentar la
inversión privada y pública en México totalizando 4.8 mil millones de dólares, incluyendo dos mil millones para proyectos apropiados en el sur de México.”
Finalmente, después de que México participó, hace algunos días, en el Pacto Mundial sobre Migración en Marruecos, el miércoles pasado fue presentado el Programa Nacional de Migración de AMLO.
No obstante los esfuerzos que se describen en los párrafos anteriores, parece que las medidas que se están tomando son fundamentalmente insuficientes e, incluso, pueden incrementar el problema. En primer lugar, porque la crisis migratoria en México está lejos de poderse considerar como resuelta, y verlo así, es el primer error.
Todos los días, miles de migrantes del sur buscan llegar a Estados Unidos, país que simplifica la cuestión de la construcción de un muro, el cual —según declaró el presidente Trump por Twitter— está siendo financiado indirectamente por México, a través del T-MEC, y cuyo presupuesto ya fue aprobado por la Cámara de Representantes. Aún más grave es el hecho que el jueves pasado, el Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos, anunció que implementaría la sección 235 de su ley migratoria, lo que permite que ese país devuelva a extranjeros no mexicanos a nuestro territorio, mientras esperan que se resuelva su situación legal, lo que generará grandes presiones a nuestros estados fronterizos.
En segundo lugar, la firma de acuerdos y declaraciones apresuradas, que no incorporan nada nuevo ni cuentan con el acuerdo de los congresos nacionales, no tienen efectos en la realidad. Son meras declaraciones de buena voluntad, y así permanecen. Sólo sirven para la foto.
Y, finalmente, para poder dar soluciones a largo plazo, se necesitan diagnósticos adecuados, realizados por expertos y con base en información confiable. Desgraciadamente, no obstante, la nueva administración federal cuenta con facultades extraordinarias, es imposible entender temas tan arraigados, que tienen muchos matices, sin un análisis detallado.
Si el gobierno de López Obrador quiere dar soluciones que resuelvan a fondo el tema de la migración, primero debe dar un paso hacia atrás para ver el árbol, en lugar de la rama. Los grandes retos del país no se van a arreglar encontrando el hilo negro, sino llevando a cabo estrategias innovadoras que aborden de una manera diferente los problemas que ya todos conocemos, alineando las perspectivas y esfuerzos de todos los países involucrados, principalmente, de Estados Unidos, y entendiendo que es absurdo pensar que se pueden corregir en cinco
días.
