ESTADOS UNIDOS. Un juez federal de San Francisco bloqueó el lunes la política del gobierno del presidente Donald Trump de regresar a los solicitantes de asilo a México mientras esperan a que una corte escuche sus casos, pero la orden no entrará en vigor de forma inmediata.
El juez Richard Seeborg aprobó la solicitud de grupos defensores de los derechos civiles para suspender la práctica en lo que la demanda se abría paso en el sistema judicial. La decisión está suspendida hasta el viernes para darles tiempo a las autoridades federales de presentar una apelación.
El inicio de esta práctica en enero pasado en San Diego, la frontera más transitada del país, representó un cambio sin precedentes en el sistema de asilo de Estados Unidos, dijeron autoridades gubernamentales y expertos en asilo. Por lo general, las familias que solicitaban asilo eran liberadas en Estados Unidos y se les entregaba un citatorio para comparecer en el tribunal.
El gobierno de Trump señala que la política se implementó en respuesta a una crisis en la frontera sur que ha superado la capacidad de las autoridades migratorias para detener a los migrantes. Un número cada vez mayor de familias huye de la pobreza y la violencia relacionada con las pandillas en Guatemala, Honduras y El Salvador.
La demanda a nombre de 11 solicitantes de asilo centroamericanos y de grupos activistas legales, afirma que el gobierno de Trump viola las leyes federales al no evaluar adecuadamente los peligros que enfrentan los migrantes en México.
También acusa a funcionarios migratorios y de Seguridad Nacional de privar a los migrantes de su derecho a solicitar asilo al complicarles o imposibilitarles el proceso.
Bajo la nueva política, a los solicitantes de asilo no se les otorgan intérpretes ni abogados, y no pueden presentar ante un juez sus argumentos de que enfrentan un posible riesgo de persecución o tortura en caso de ser devueltos a México, dijo Judy Rabinovitz, abogada de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU por sus iniciales en inglés), durante una audiencia en marzo pasado.
Seeborg lució escéptico del argumento de la demanda de que el gobierno aplicó erróneamente una ley federal que permite el envío de los migrantes de regreso a México. La ACLU y otros grupos de la parte acusadora señalan que la ley no aplica a solicitantes de asilo que cruzan ilegalmente la frontera o llegan a los cruces fronterizos sin la documentación apropiada.
El juez también cuestionó el argumento del Departamento de Justicia de que los solicitantes de asilo que son devueltos a México no son elegibles para ciertas protecciones, como una audiencia ante un juez de migración.
El gobierno espera que al forzar a los solicitantes de asilo a esperar en México desaliente a quienes no tienen casos sólidos y ayude a desahogar los más de 800.000 casos pendientes en las cortes migratorias.
El abogado del Departamento de Justicia Scott Stewart señaló que existe un proceso para proteger a los inmigrantes que podrían enfrentar amenazas en México. Los 11 demandantes son representados por abogados y 10 de ellos ya comparecieron para sus procedimientos judiciales, declaró.
Los arrestos de la Patrulla Fronteriza, el parámetro más utilizado para medir los cruces ilegales, han aumentado considerablemente durante el último año, pero permanecen en términos históricos relativamente bajos después de alcanzar su cifra más baja en 46 años en 2017.
El lanzamiento de la política se dio después de meses de negociaciones delicadas entre Estados Unidos y México. Los mexicanos y los menores que viajan sin compañía de un adulto están exentos de su aplicación.
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