En muchas formas, los jóvenes han quienes más han sufrido la escalada violenta que vivió el estado por lo menos en la última década.
Como víctimas delictivas, pero también como victimarios, en un ecuación terrible en la que de cualquier forma, salen perdiendo.
Según la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que apenas el mes pasado presentó su estudio “Niñas, niños y adolescentes víctimas del crimen organizado”, Tamaulipas es la cuarta entidad con más adolescentes en el Sistema de Justicia Penal. Se trata de 308 jovencitos que están enfrentando algún proceso legal.
Solo por debajo de tres entidades: Chihuahua, con 676, Sonora con 792 y Jalisco con 2,102.
El mismo estudio hace referencia a otra cifra que asusta, y que sirve para entender hasta qué punto los adolescentes han sido tocados por el crimen organizado.
“De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), en México hay 36,265 personas desaparecidas en el fuero común, de las cuales el 18 por ciento son personas entre uno y 17 años. El 92.7 por ciento de las desapariciones de personas menores de edad han ocurrido entre 2010 y 2018 con una tasa de 15.1 niñas, niños y adolescentes desaparecidos por cada 100 mil habitantes menores de 18 años”.
Igual que en las estadísticas generales de desapariciones, Tamaulipas también despunta en la de jóvenes no localizados.
“Los cinco estados con las tasas más altas de personas menores de 18 años desaparecidas son Colima (54.3), Sonora (48.2), Tamaulipas (45.4), Puebla (34.7) y Baja California (32.6)”.
Este dato es importante, advierte la Comisión Nacional de Derechos Humanos, porque en México no hay una estadística fiable sobre el número de jóvenes resultados por las bandas del crimen organizado, sin embargo especialistas en seguridad y en dinámicas sociales aseguran que muchos de los casos que integran las cifras de menores desaparecidos, corresponden a jóvenes que se fueron de sus casas para trabajar para el crimen organizado.
Según el RNPED, en Tamaulipas hay 696 desaparecidos de entre 1 y 18 años; la gran mayoría se trata de jóvenes de entre 15 y 18 años.
Además, Matamoros es la octava ciudad a nivel nacional con más casos de niños y adolescentes desaparecidos: 131. En ese top 10 compite con municipios como Puebla, Tijuana, Ciudad Juárez y Ecatepec.
De acuerdo a la Encuesta Nacional de Adolescentes en el Nuevo Sistema de Justicia Penal del INEGI, los delitos en los que más se involucran a los jóvenes a nivel nacional son el secuestro, el narcomenudeo, robo y la extorsión; a estos, hay que sumar el “halconeo”.
El estado, cuenta con una red de cinco Centros de Reintegración Social y Familiar para Adolescentes, de los cuales actualmente sólo está operando el de Güémez. Ahí hay una población de 29 menores: 26 varones y 3 mujeres, que purgan condenas por delitos como secuestro, lesiones, y homicidio.
Recientemente, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) publicó una evaluación a este centro de reintegración, realizando algunas observaciones importantes para mejorar su funcionamiento y su labor de reintegración de los menores.
Reportó por ejemplo, condiciones inadecuadas de las instalaciones, sobre todo en camas, colchones, inodoros y lavabos.
También se señaló la falta de áreas para el acceso a servicios y actividades que de acuerdo a lo informado por la CNDH se encontraron deficiencias en espacios para la visita familiar, cocina, comedores, talleres, aulas e instalaciones deportivas.
En las áreas y personal dedicados a las mujeres se encontraron carencias, ademas de una inadecuada separación y clasificación de los adolescentes internos en este centro.
En cuanto a la capacidad del inmueble, éste puede albergar hasta a 120 personas, por lo que está muy lejos de entrar en hacinamiento.
En contraparte, se ha destacado la labor de reinserción social que ahí se realiza, por ejemplo, a través del deporte.
Este año, se implementó un proyecto de Justicia Restaurativa, con la creación del equipo de fútbol americano “Broncos” de Güémez.
El objetivo de que aprendan a jugar futbol americano es “que trabajen con disciplina y en conjunto, dejando sus problemas en el campo de entrenamiento, favoreciendo la inclusión social de las personas adolescentes privadas de la libertad y próximas a ser externadas”.
La Secretaría de Obras Públicas realizó la adecuación de una área que es utilizada como cancha de futbol americano. Además la UAT ha donado tachones y uniformes.
Empezó hace 15 años
El mayor involucramiento de los jóvenes en conductas delictivas más graves, puede rastrearse fácilmente en el inicio de la crisis de violencia que sufrió Tamaulipas hace más de una década.
Entre el 2006 y el 2017, fueron detenidos 1,554 tamaulipecos menores edad por delitos relacionados con la delincuencia organizada, con casos de alto impacto como el de un niño de apenas 10 años detenido por homicidio.
En ese periodo, la Procuraduría estatal procesó mil 137 averiguaciones previas protagonizadas por menores presuntos delincuentes.
Además, a partir de 2013 abrió 417 carpetas de investigación apegadas al Nuevo Sistema de Justicia, donde los procesos de infantes y adolescentes se llevan de forma distinta.
Del 1 de enero de 2006 al 31 de octubre de 2014, un total de 202 menores tamaulipecos fueron consignados por ilícitos como portar pistolas, rifles de asalto y granadas y delitos contra la salud, reveló la entonces PGR.
Een 2008 hubo 56 niños aprehendido por portar armas prohibidas. Para el siguiente año se incrementó a 72 casos similares y en 2010 bajó a 22 averiguaciones por el ilícito mencionado.
El 83.2 por ciento de los menores aprehendidos son acusados de atentados a la seguridad de la comunidad, se trata de jovencitos que trabajan como “halcones” en los cruceros de las principales avenidas de los municipios más grandes de Tamaulipas.
El registro de un menor presunto culpable más joven corresponde a un niño de 10 años imputado por homicidio, según la PGJ.
Los ilícitos que presuntamente cometen más los menores son: acusados de atentados a la seguridad de la comunidad, portación de armas prohibidas o de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, homicidio, delincuencia organizada, homicidio culposo (suicidio), homicidio tentativa y homicidio doloso (ejecución).
Ante la gravedad de la situación, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya se ha pronunciado.
Recomendó a los gobiernos estatales considerar a los niños, niñas y adolescentes principalmente como víctimas de los grupos delictivos, quienes son utilizados y explotados para sus objetivos criminales.
“Los Estados deben partir de la premisa que los niños y adolescentes que se integran en estructuras delictivas provienen de situaciones de privación de derechos y vulnerabilidad frente a las que los Estados no han tenido la capacidad para prestar una protección adecuada. La respuesta de los Estados debe estar basada en la protección integral de los derechos de los niños y su rehabilitación y reintegración social, y no en la represión y la criminalización”, menciona en el informe Violencia, niñez y crimen organizado.
Víctimas, a final de cuentas
La Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), en su más reciente balance anual, hizo un crítica demoledora de lo que significó la administración de Enrique Peña Nieto para los niños y jóvenes del país.
“Enrique Peña Nieto firmó 10 compromisos por la infancia con REDIM y UNICEF de los cuales sólo cumplió con promulgar, en 2014, la Ley General de derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; y avanzar en el registro oportuno de nacimiento que significó una reforma constitucional. Su gobierno careció de un rol activo que permitiera articular las políticas públicas y las respuestas a nivel municipal, estatal y nacional”, señala el documento.
Pero también cuestionaron a los gobiernos anteriores, sobre todo a la guerra contra el narcotráfico.
“La estrategia de seguridad de las anteriores administraciones impactó negativamente el Derecho a la Vida, a la Supervivencia y al Desarrollo de la infancia y adolescencia, pues de 2007 a 2017 se han acumulado 13,217 asesinatos contra esta población, 55% de estos asesinatos ocurrieron en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, y 45% en el de Enrique Peña Nieto, considerando que aún no se cuenta con el registro oficial de los homicidios ocurridos en 2018 (atribuidos a la administración de Peña Nieto)”.
Y finalmente señala la necesidad de que la administración de López Obrador se tome en serio la gravedad del problema.
“El nuevo gobierno tomando en cuenta la fragilidad institucional del Estado mexicano, de la crisis de Derechos Humanos y debe trabajar con urgencia para el fortalecimiento del Estado de Derecho, es decir, “cumplir con las leyes que la normativa ha alcanzado, en particular el 1º constitucional que establece que todos los Tratados internacionales que México ha firmado en materia de derechos humanos tienen el mismo rango que la constitución”.