Los grupos políticos suelen, al llegar al poder, hacer todo lo posible para derruir las instituciones.
Es de desear que este 2020 pasemos de la exaltación a la normalidad democrática que implica reconocer que no todos pensamos ni actuamos de la misma manera. Esto también supone que nadie terminará imponiéndose sobre otro. No le vendré con la peregrina idea de que lo único que importa es la unidad de los mexicanos porque ningún pueblo, es más, ninguna familia, está totalmente unida. Que no espante.
Las autoridades nos hablan de subirnos al barco de la utopía del Estado de bienestar, un concepto, por cierto, que ha demandado debates históricos, sólo para concluir que no hay consensos, sino aproximaciones.
Pero el lector debe saber que este tema de la utopía es sólo discurso, es decir, sólo existe en la mente del que la crea y se llama “ilusión utópica”. Discutida por muchos sociólogos y filósofos.
Lo que los utópicos de la modernidad saben, pero no lo dicen, como lo señaló el reputado sociólogo Zygmunt Bauman, es que las fuerzas de la globalización (calificadoras, inversionistas y mercados internacionales) se encargan de cambiar la realidad de las naciones.
De ninguna manera estoy diciendo que no se aspire a construir un Estado de justicia social, sino que el lector sea consciente de que una ilusión no puede ser un método de gobierno.
Volviendo al tema inicial. En un país puede haber tres tipos de grupos (incluso más): los que estando en el poder creen que las cosas deben hacerse de cierto modo; otro, que debe resistir para no perder los privilegios que ha creado, y el tercero, que busca que lo que se construya se realice dentro de las reglas creadas para evitar excesos. Estos últimos se llaman instituciones.
Podríamos sumar dos grupos más. Los ciudadanos, que votan enojados por una opción sin evaluarla –lo que es perfectamente válido, aunque no deseable–, que se desentienden de lo que pasa hacia adelante y se quejan porque las cosas siguen igual y “todos los políticos son iguales”.
Y uno final, el cual quiere beneficiarse cometiendo delitos y violando la ley. Este grupo suele tener ramificaciones internacionales y corrompe a las policías y a los políticos. Es la delincuencia organizada que, si no se le frena, puede meterse en todas las estructuras, hasta desestabilizar una democracia.
No conozco el caso de un país que, por decisión política, no frene a esta última, salvo que existan razones inconfesables para no hacerlo que, en el caso de México, no tengo ningún elemento para siquiera inferirlo.
Pues bien, cuando un grupo está arriba en el poder siempre tiene la tentación de quitar cualquier obstáculo que le permita imponer su proyecto político y prolongarlo en el tiempo, es decir, quedarse más tiempo en la presidencia. Eso lo hacen todos los movimientos y partidos, y la democracia lo permite siempre y cuando no se cometa fraude a sus ciudadanos, como es el caso del errante Evo Morales, quien, muy seguramente, terminará ante los tribunales.
La consecuencia es la reacción natural de otro grupo de ciudadanos, integrado por legisladores, periodistas, investigadores, empresarios, etc., que cree, legítimamente, que las instituciones creadas con mucho esfuerzo por la auténtica izquierda, la derecha y la ciudadanía, pese a la “dictablanda” del PRI, deben dictar las reglas del juego.
Entonces, acostúmbrese el lector a un ambiente político tenso, de acusaciones, litigios en los tribunales y la Suprema Corte, porque eso ocurre cuando la parte en el poder se resiste a respetar las reglas del juego.
Ahora bien, si el grupo que arribó legítimamente al gobierno no acepta el diálogo con los que piensan diferente, entonces la confrontación será constante. Pero puede estársele olvidando algo, que México y su gobierno no son los únicos que existen en el planeta y que lo que hagan las comunidades de naciones y sus economías puede cambiarle sus planes. Le doy un ejemplo muy claro de cómo no todo lo que se haga domésticamente deja de tener un impacto global. Se realizó una consulta poco rigurosa y transparente para construir el proyecto de un tren turístico en zonas indígenas del Sureste.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos emitió una observación porque la consulta fue irregular y el proyecto, de hacerse, violaría los derechos de las comunidades.
Bueno, pues, las autoridades tendrán mucho para entretenerse con este tema, y con la declaración de los zapatistas de defender con sus vidas sus tierras.
Los grupos políticos suelen llegar por las vías democráticas al poder y, una vez ahí, hacen todo lo posible para derruir las instituciones. Si eso ocurre, habrá resistencias naturales. Que nadie se espante.