TAMPICO, TAMAULIPAS.- El financiamiento que se otorga a las universidades del país es inequitativo, ya que los criterios, mecanismos y las reglas con los que se distribuye el presupuesto no son claros, objetivos y transparentes. Se observan diversas inconsistencias en la determinación de los montos de subsidios y transferencias a las instituciones.
La ANUIES ( Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior), reveló en su propuesta de visión y acción 2030 para renovar la educación superior en México, que no hay una razón explícita de las brechas existentes en el subsidio público ordinario por alumno entre instituciones semejantes, como es el caso de las universidades públicas estatales cuyo subsidio por alumno varía entre 34 mil y 128 mil pesos anuales.
En Tamaulipas instituciones como la UAT reciben como subsidio por alumno 128 mil 806 pesos, es la que mas recibe del país en este rubro, otras como la Universidad de Nuevo León reciben 41 mil 808 pesos por alumno, o la del Estado de México recibe 48 mil 911 pesos.
La de Tamaulipas es la Universidad Autónoma que recibe el mayor porcentaje estatal en subsidio público ordinario con el 56.1% y un 43.9% de porcentaje federal, esta universidad recibió en 2017 como subsidio público ordinario 4 mil 666 millones 106 mil pesos, monto que la colocó a la cabeza de las 34 Universidades Autónomas.
«La inequidad en el financiamiento se manifiesta, entre otros indicadores, en el subsidio público ordinario por alumno (federal y estatal): en 2016, las universidades federales fueron las que, en promedio, recibieron el mayor subsidio por alumno (118 mil pesos); les siguieron las universidades públicas estatales (56 mil pesos), los institutos tecnológicos federales (37 mil pesos), los institutos tecnológicos descentralizados (29 mil pesos) y las universidades tecnológicas y politécnicas (24 mil pesos)».
El análisis señala que la incertidumbre que conlleva la aprobación y la distribución de los presupuestos anuales obliga a las instituciones, particularmente a las universidades públicas estatales, a realizar complejos procesos de negociación ante los poderes ejecutivo y legislativo a nivel federal y local a fin de contar con los recursos económicos necesarios para el desarrollo de sus funciones sustantivas. Una vez que el presupuesto ha sido aprobado y da inicio su ejercicio, continúan las gestiones ante las distintas instancias para el otorgamiento de los recursos aprobados por los distintos órdenes de gobierno de acuerdo con la calendarización establecida, sin que exista una corresponsabilidad clara entre el gobierno federal y los gobiernos estatales para el sostenimiento de las instituciones.
