Los organismos electorales no pasan por su mejor momento. Si tradicionalmente se ha cuestionado su labor en la organización de elecciones y una supuesta falta de imparcialidad, en los últimos meses esos cuestionamientos se han transformado en amenazas frontales.
Hace poco, la bancada de Morena en la Cámara de Diputados amagó con la presentación de una reforma que desaparecería los 32 OPLES, incluido el Instituto Electoral de Tamaulipas, por considerar que duplican las funciones que debe llevar a cabo el INE, lo que al mismo tiempo conlleva un dispendio de recursos públicos.
Es verdad: el gasto de estos organismos para organizar los procesos electorales parece una discusión bastante razonable. En tiempos de austeridad, los sueldazos de los consejeros y funcionarios técnicos de los institutos parecen desproporcionados, igual que el presupuesto que se destina a su operatividad.
Van algunas cifras: para el 2020, el IETAM tendrá a su disposición 298 millones de pesos de los cuales casi el 50%, 148 millones de pesos, se destinarán a pagar la nomina y el gasto corriente.
Los consejeros seguirán ganando lo mismo que ganaron el año pasado, 126 mil pesos mensuales, mientras que el Secretario Ejecutivo del Instituto recibirá 127 mil pesos mensuales. ¿Alguna duda de por qué son tan peleados estos cargos ciudadanos?
No obstante lo abultado de estas cifras, antes que desaparecerlos, surge un amplio abanico de alternativas para eficientar al IETAM y a los demás “organismos públicos electorales locales”, incluyendo un fuerte apretón al cinturón.
En ese contexto, ayer empezó una nueva etapa con la llegada de José Ramos Charre, un funcionario electoral de carrera que ayer asumió la presidencia en lugar de María de los Ángeles Quintero Rentería, quien ocupó esa posición de manera interina. Por cierto, desde ahora inician las apuestas: ¿ella también demandará al Instituto como hicieron sus dos antecesores para exigir una jugosa indemnización?
