El pasado 30 de junio, el Instituto Nacional Electoral (INE) a través de su Comisión de Quejas y Denuncias dictó un acuerdo mediante el cual, se destacan algunas cosas que me han llamado poderosamente la atención:
Primeramente, el inicio “DE OFICIO” de procedimientos sancionadores en contra de diversos personajes políticos, por el posible uso indebido de recursos públicos y promoción personalizada, derivado de la entrega de productos y bienes a la población durante la pandemia, y además porque dicha entrega desencadenó promoción a través de sitios de internet y redes sociales, lo cual puede afectar la equidad en el proceso electoral que se avecina (2020-2021).
Estos procedimientos los iniciaron con investigaciones previas en redes sociales (de manera oficiosa); sin embargo, de su acuerdo no se desprende cómo es que desarrollaron tales indagatorias, ni qué parámetros utilizaron para llevarlas a cabo, mucho menos cuánto tiempo se destinó a ellas.
Esas inquietudes dejan de lado la certeza, principio rector de la materia electoral, y tales dudas en mentes desconfiadas solo tienen una respuesta, se trata de una auténtica pesquisa digital, la cual pareciera se realizó de forma discriminada, caprichosa y discrecional.
Por otro lado, el INE a través de su comisión, ordena a ciertos servidores públicos, abstenerse de entregar bienes durante la pandemia que ya conocemos, situación delicada a la luz de la necesidad que impera en la sociedad de ciertos bienes y servicios, parece que el INE le da más importancia a la equidad electoral (de un proceso que inicia hasta septiembre) que al derecho a la alimentación o a la salud.
Esta acción parte de una lógica que se aleja de la problemática que actualmente vivimos, la cual afecta los sectores: económico, laboral, sanitario entre otros. Bastaba con que el INE solo dijera que se evite la difusión personalizada de tales dádivas; sin embargo, no fue así, o no se dijo de esa forma, y ante tal omisión, lo único que se puede pensar es en los excesos del INE.
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