Que sólo los hombres probos lleguen a la función pública, ya sea por medio de elección popular o en las asignaciones a cargos en el poder, es lo que se propone desde 2017 para reformas a la ley en México. Por la mala conducta del Senador Samuel García es que una vez más legisladoras y activistas feministas recuerdan el tema pendiente de la propuesta de “Ley 3 de 3 contra la violencia de género para servidores públicos”.
Las diputadas federales van a presentar en septiembre, al inicio del próximo período ordinario de sesiones, la iniciativa para que agresores de mujeres, acosadores sexuales y deudores de pensión alimenticia no sean candidatos a puestos de designación ni de elección popular.
La iniciativa que nace de una propuesta ciudadana de la Colectiva “Las Constituyentes Feministas”, cuenta con el apoyo de las legisladoras que han impulsado ya otras innovaciones en las leyes mexicanas como los decretos que definen y sancionan los actos de violencia política contra las mujeres.
La activista feminista Yndira Sandoval, integrante de las colectivas Las Constituyentes y Nosotras
Tenemos Otros Datos, explica que se debe evitar que hombres machistas y misóginos como Samuel García, José Manuel Mireles y semejantes sean quienes nos representen. Como estos ejemplos hemos visto muchos políticos empoderados que traen tras de sí una larga estela de conductas anti sociales, secretos privados que luego son develados por una mala expresión o una filtración en la red.
Vetar a los políticos o funcionarios violentos es parte fundamental del movimiento de mujeres que desde el legislativo trabaja para deconstruir complicidades machistas y construir nuevas instituciones. En esta batalla por la igualdad y el pleno respeto
a los derechos humanos de las mujeres, las feministas coinciden que existen muchos hombres públicos que se promueven como íntegros y empáticos con las causas femeninas, pero en lo privado son violentos y acosadores sexuales, hay incluso algunos incrustados en el desempeño gubernamental con serias acusaciones por agresiones o incumplimiento familiar. Esto es doble moral y constituyen una fuerte barrera para acceder a más cambios en los códigos legales por una vida libre de violencia hacia la mujer.
Ahora, uniendo fuerza social, las colectivas ciudadanas y las diputadas, pretenden sustentar óptimamente la propuesta a fin de sacarla este mismo año y pueda aplicarse como ley en las elecciones vendieras del 2021. Que en el caso de Tamaulipas se acomodaría como requisito para postularse por las alcaldías o diputaciones locales.
La 3 de 3 que impediría la entrada de varones acosadores, violentos y deudores a nuevos cargos, no es una ocurrencia y ya se ha socializado
en congresos locales como los de Chihuahua, Jalisco y Oaxaca.
Probidad para ser congruentes con la actividad pública, será un filtro para que la política a la mexicana corrija
su rumbo. Si esta futura herramienta hubiera llegado antes, quizás no nos habrían llamado “lavadora de dos patas” o “yo no soy la señora de la casa”, tampoco estaríamos lidiando con quien cree que en las “familias fraternas” mexicanas ya no se agrede a la mujer y no impulsa una real política de género.