En el verano de 2016, con semanas de diferencia, dos madres se le arrodillaron a Miguel Ángel Osorio Chong. Pedían, con ese acto de desesperación, ayuda al poderoso secretario de Gobernación de Enrique Peña Nieto para encontrar a sus hijos, desaparecidos como otros tantos miles.
Esas imágenes sintetizaban la indolencia de un sexenio que nunca atendió a las víctimas de la violencia. Sin embargo, el gesto de esas madres desesperadas toma cuatro años después una nueva dimensión, pues se han venido publicando detalles de investigaciones sobre multimillonarios desvíos en los aparatos de seguridad que manejaba Bucareli en tiempos de Osorio Chong.
Las víctimas clamaban ayuda mientras el aparato de seguridad del gobierno (es un decir) era un catálogo de graves irregularidades.
Pues, para ponerlo en palabras de Arturo Ángel, “durante seis años, de forma ininterrumpida, la Policía Federal registró un desvío sistemático de recursos que no sólo representó un fraude al erario, sino que terminó por quebrar a la corporación, complicando su funcionamiento operativo al no poder pagar al final ni la luz de sus edificios, ni la gasolina de sus patrullas, ni el hospedaje de sus efectivos”.
Agosto ha sido el mes del inicio del destape de un presunto desfalco en la Policía Federal. En este mes se supo de una carpeta de investigación en la que 19 funcionarios de tiempos de Osorio Chong, entre ellos una cercanísima hidalguense, están siendo perseguidos por desvíos de recursos. Varios de ellos hoy se encuentran prófugos.
Se ha comentado ya que es impensable que esas conductas, de probarse ante un juez, ocurrieran en las narices del hoy senador sin que éste se enterara. Máxime cuando esa cercanísima hidalguense –Frida Martínez Zamora– tiene carrera paralela como mano derecha de su paisano.
En principio, la Fiscalía General de la República busca conocer y castigar fraudes por alrededor de 2 mil 600 millones de pesos.
Pero la cosa no pararía ahí. Como lo ha adelantado el reportero Pablo Ferri, de El País, también la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública tienen investigaciones sobre el periodo de Osorio al frente de los aparatos de seguridad.
Y es que algunas versiones han llegado a señalar que el monto de las irregularidades investigadas rondaría los 40 mil millones de pesos, cantidad que no sólo incumbe a la Policía Federal sino también al Cisen y a la Comisión Nacional de Seguridad.
Dicho en otras palabras. Cuando Peña Nieto llegó a la Presidencia, ese gobierno se afanó en borrar de la conversación el tema de la violencia. Se quejaron de la cobertura periodística al respecto y llegaron a provocar la salida de conductores que no aceptaron el ‘cambio’ de narrativa.
A la par de esa, digamos, nueva estrategia de comunicación, la escalada de muerte y violencia no cesó. La meseta en la que Felipe Calderón dejó el número de homicidios en su último año, en el peñismo se convertiría en ascendente cordillera. Pero al gobierno peñista eso no le importaba. Ellos estaban cambiando México (no), y –ahora tenemos denuncias– robando desde Petróleos Mexicanos o generando estropicios, que podrían materializarse como graves delitos según las pesquisas de la FGR, en las áreas de Seguridad de Gobernación.
Volvamos a las madres que buscaban a sus hijos, que desesperadas se le hincaban a Osorio Chong. Estaban frente al funcionario que, ¿no vio? ¿No supo? ¿No detuvo? ¿No investigó?, el descarrilamiento mediante desvíos de la Policía Federal.
Cuando Andrés Manuel López Obrador dijo que desaparecería la PF porque era corrupta pareció uno más de los arranques del nuevo Presidente, esos que le llevan a borrar toda herencia del pasado. Pero en una de esas tenía mucha razón.
Porque mientras la tropa de la PF era corrida de hoteles por falta de pago, en Gobernación ‘perdían’ miles de millones de pesos. Mientras las madres clamaban ayuda, en Bucareli hacían estafas maestras.
¿Cómo se sentirán las miles de familias que han perdido un ser querido al saber que las instituciones que debían ayudarlas eran saqueadas por sus propios mandos civiles?
Si se prueban tales fraudes, será difícil calificar tal conducta de la entonces Segob con una palabra diferente a la de traición.
POR Salvador Camarena
