Los conflictos que se generaron por el uso del agua de los ríos Colorado y Bravo, en las colindancias de México con Estados Unidos, obligaron a los gobiernos de ambos países a firmar un tratado internacional en 1944 (que entró en vigor el 8 de noviembre de 1945). Considerado como un tema de seguridad nacional por las implicaciones en las relaciones entre las dos naciones, el tratado estableció los montos de agua que, mutuamente, deben redistribuirse.
No obstante, los desencuentros no finalizaron porque, de ambos lados, los ciudadanos se sienten afectados.
Del lado del norte, comunidades de California, en algún momento, se opusieron a la firma del tratado y, en México, campesinos y agricultores de los municipios colindantes de Chihuahua, Coahuila y Tamaulipas han protestado de forma constante.
Lamentablemente, los efectos de la pandemia que estamos viviendo y el ruido que generan los temas de la agenda política del Presidente de la República, impide poner la debida atención a otros temas que son prioritarios para los ciudadanos, tanto a nivel general como en algunas regiones del país; por ejemplo, los conflictos que estallaron esta semana por problemas relacionados con el agua.
En particular, la que involucra a los agricultores de la presa de La Boquilla de San Francisco de Conchos, en Chihuahua, y los de la termoeléctrica de Huexca, en Morelos.
Dos problemáticas diferentes, pero relacionadas con el vital líquido. Por un lado, la termoeléctrica de Huexca ha generado las protestas de organizaciones sociales de campesinos y agricultores de Tlaxcala, Puebla y Morelos. Recordemos, incluso, que en febrero del 2019, asesinaron al líder opositor al proyecto, Samir Flores.
El problema sigue acrecentándose y, durante estos días, hubo diversas manifestaciones relacionadas con el inicio del funcionamiento de la termoeléctrica.
En el caso de Chihuahua, la Guardia Nacional intentó intervenir para evitar que agricultores de San Francisco de Conchos tomarán la presa La Boquilla, pero fue expulsada del lugar.
La confrontación desembocó en la muerte de los manifestantes Jessica Silva y Jaime Torres. Ante estos hechos, desde la Subsecretaría de Seguridad y Protección Ciudadana se señaló a una serie de personajes políticos por incitar a la violencia contra la Guardia Nacional, pero, sorpresivamente, su filiación política no correspondía a un sólo partido, sino a varios, incluido un alcalde morenista.
Esto tiene su propia lógica porque los alcaldes aspiran a ser reelectos, entonces, tienen que demostrar que defienden los intereses de sus gobernados, si no lo hacen, recibirán el castigo en las urnas.
El problema es mayor si consideramos que el conflicto se genera por la necesidad de contar con el vital líquido y que, no importa si los políticos lo contemplan en la agenda como asunto prioritario o no, los ciudadanos nunca podrían ponerlo como un asunto secundario.
Si bien es cierto, el artículo 27 constitucional mandata la rectoría del Estado sobre las aguas de los ríos, también es cierto que las condiciones climáticas y de abastecimiento del agua cambiaron desde que se firmó el acuerdo internacional de 1944 hasta a la fecha.
