MÉXICO.- México atraviesa una crisis forense sin precedentes donde se acumulan hasta 30 mil cadáveres de personas no identificadas que desbordan a las morgues del país. A esto se suma, de acuerdo con expertos, la falta de personal especializado, la insuficiencia de inmobiliario y recursos materiales, así como una profunda escasez de recursos económicos.
«Sí, sí están desbordados nuestros Semefos (Servicios Médicos Forenses) y nadie está haciendo nada por atenderlos», sostuvo Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC).
De acuerdo con el propio Rivas, esta situación está presente Guerrero, Sonora y Puebla, ya que no cuentan con la infraestructura suficiente para resguardar los cuerpos.
«Yo señalaría tres sobre todas, que es el caso de Guerrero, de Sonora y de Puebla. El caso de Guerrero lo conocemos muy de cerca porque cuando hemos hecho trabajo de campo, ha sido sumamente desesperanzador ver la forma en la que tratan a los cuerpos ahí», explicó Rivas durante la presentación del estudio Desapariciones forzadas e involuntarias. Crisis institucional forense y respuestas colectivas frente a la búsqueda de personas desaparecidas.
Abundó que en Guerrero, específicamente en Chilpancingo, las condiciones que han encontrado en sus distintas incursiones en trabajos de campo es deplorable, poniendo en riesgo sanitario a las comunidades por la putrefacción de cuerpos al aire libre.
«Cuando fuimos, recuerdo, en 2015 a revisar el Semefo a Chilpancingo era imposible el olor desde lejos, y eso, por las condiciones que no son salubres, ni siquiera para las comunidades», recordó con horror.
El documento advierte que la desaparición de personas en México no ha recibido la atención prioritaria que necesita. Esto ha obligado, en medio de la desesperación y la desesperanza, a los familiares de personas desaparecidas a realizar búsquedas e investigaciones por sus propios medios.
La crisis forense que se vive no sólo se debe a la cantidad de restos humanos sin identificar que desbordan las galeras de las morgues del país, sino a los métodos que utilizan los grupos delictivos para desaparecerlos.
Estas desapariciones propiciadas principalmente por cárteles como el de Jalisco Nueva Generación, Los Zetas o La Familia Michoacana, tuvieron su punto de inflexión hace más de una década, en la llamada guerra contra el narco, en el sexenio de Felipe Calderón. Sin embargo, prevalece en la actualidad en lo que, advierte Rivas, «es el año más violento del que se tenga registro».
En eso coinciden algunas de los familiares de víctimas reunidos en grupos de búsqueda alrededor del país. Es el caso de Luisa Martínez, de un colectivo en Veracruz, cuyo testimonio es rescatado por el estudio.
“El primer colectivo en Veracruz comienza a mediados finales de 2011 el tema de las desapariciones en Veracruz no era ‘él tema’ entonces era como una ausencia de una respuesta por parte del Estado frente a las desapariciones. Veíamos más el incremento de la violencia en función de la disputa de los cárteles, pero empezamos observar en algunas desapariciones el tema político de riñas, venganzas, riñas entre particulares, algunos de ellos asociados al crimen organizado.», se lee en su relato.
De acuerdo con el estudio, algunos de los puntos clave a considerar son los Semefo de Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Durango, Hidalgo, Jalisco, Oaxaca, Sonora, Tabasco, Veracruz y Zacatecas, que necesitan más cámaras de refrigeración para aumentar su capacidad de respuesta ante los muertos que diariamente llegan a sus instalaciones.
Por su parte, en Aguascalientes, Ciudad de México, Durango, Oaxaca, Quintana Roo, Sonora y Zacatecas, no se cuenta con el suficiente instrumental necroquirúrgico para darle un trato digno a los cuerpos y hacer eficientemente su trabajo, denuncia.
El estudio también lamenta que, a pesar de que la implementación del protocolo homologado de tratamiento e identificación de cuerpos fue un acuerdo logrado en 2011, por parte de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, actualmente sólo 21 entidades federativas reportan su utilización.
CON INFORMACIÓN DE MILENIO
