Si los halcones de China, Rusia, Corea del Norte e Irán o hasta los radicales de Venezuela, Cuba y Nicaragua hubieran querido, habrían aprovechado el golpe de poder de la reina Nancy Pelosi como tercera en la línea de sucesión del poder presidencial de los EE. UU saltándose al arrinconado Trump y al institucional vicepresidente Mike Pence para trabar el botón nuclear de la Casa Blanca.
Pelosi cometió el mismo error estratégico del general Alexander Haig como secretario de Estado del recién comenzado gobierno de Ronald Reagan en marzo de 1981: el atentado a balazos contra el mandatario creó confusión
en el poder y Haig declaró en la Casa Blanca: “estoy al mando”, cuando la línea sucesoria constitucional ponía al vicepresidente George Bush Sr. como autoridad al mando del gobierno. Las presiones por la violación constitucional obligaron a la renuncia de Haig y a su desplazamiento de la política.
Después de los disturbios en el Capitolio el pasado 6 de enero, la reina Pelosi potenció su cargo de speaker o vocera de la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes para exigir la renuncia de Trump o la realización de un juicio político. Pero lo más grave fue su comunicación con el jefe de los estados mayores conjuntos –la coordinación de gabinete de
las cuatro armas: ejército, Marina, fuerza Aérea y Cuerpo de Marines-para neutralizar el llamado botón nuclear que tiene
el presidente de los EE. UU. por mandatos legal como comandante supremo de las fuerzas armadas. Ese botón nuclear, que permite responder o iniciar una guerra con armas nucleares, es el símbolo del poder estadunidense. Pero por primera vez, un poder lateral del ejecutivo se atrevió a desconectarlo para quitarle el poder a Donald Trump como presidente constitucional, pero a costa de dejar al país sin el escudo nuclear de seguridad nacional.
La obsesión de la reina Pelosi contra Trump es enfermizo y ha trastocado los equilibrios de poder en la primera potencia del mundo. Al involucrarse en el funcionamiento del botón nuclear después de un acuerdo con las cuatro ramas de las fuerzas armadas, Pelosi no hizo sino derrocar el poder institucional de la Casa Blanca y trasladarlo, sin apoyo legal, al Capitolio.
La Constitución estadunidense señala con claridad la línea sucesoria del po-
der ejecutivo; a falta de presidente por cualquier razón, el mando pasa al vicepresidente en funciones y de ahí al presidente o presidenta de la Cámara de Representantes. La ley sucesoria en funcionamiento data de 1947, año en que los EE. UU. construyeron su estructura de seguridad nacional y asumieron la condición de Estado de seguridad nacional regido por la competencia ideológica con los soviéticos: la guerra fría.
La reina Pelosi no sólo despojó al presidente de los EE. UU. de sus poderes reales y de seguridad sin mediar ningún juicio, sino que rompió el orden constitucional al también borrar al vicepresidente Pence que había cumplido con su mandato constitucional de darle continuidad
al proceso electoral-legislativo. Como el general Haig en 1981, en el 2021 la reina Pelosi simplemente pudo haber repetido que “estoy al mando en este momento”. El efecto del acuerdo de Pelosi con el estado mayor conjunto de las fuerzas armadas implicó una orden legislativa de desobediencia militar al ejecutivo si acaso hubiera querido dar la orden de iniciar un ataque nuclear en alguna parte del mundo para evitar la transición electoral legal.
El impeachment o juicio político de destitución del presidente Trump no responde a una lógica institucional, sino a motivaciones de rango político superior: despedir a Trump con un documento legal en su contra para evitar que sea candidato a senador en el 2022 o candidato presidencial en el 2024.
POR CARLOS RAMÍREZ
