Entre el silencio del expresidente Barack Obama como líder de la tibia ala progresista de los demócratas y la desaparición del presidente electo Joseph Biden sin control dominante sobre el Partido Demócrata, la reina Nancy Pelosi se ha erigido como la presidenta en funciones de los EE. UU. en los últimos quince días del periodo constitucional del presidente Donald Trump y con sus acciones ha definido el margen de maniobra estrecho de la próxima administración.
Lo de menos es que la reina Pelosi logre destituir al presidente constitucional; la parte más delicada del problema estadunidense se localiza en los grupos radicales y en el 47% del electorado que voto por Trump a pesar de la campaña en su contra y en el fermento de la guerra civil entre facciones existentes desde la fundación del imperio. Trump se ha fortalecido como líder de una fuerte y grande facción rebelde en los EE. UU. que seguirá en activo.
Lo grave del asunto era el cálculo político estratégico: ¿encabezaba Trump un golpe de Estado para quedarse en la Casa Blanca sin atender el proceso institucional electoral? Los sucesos del miércoles 6 no llegaron a configurar indicios de un golpe de Estado porque ninguna institución civil o militar participó en ella ni tampoco mostraron el inicio de alguna revolución porque faltaban masas en las calles.
La candidatura de Trump en 2016 y 2020 se coló por los resquicios del sistema político-electoral, porque en ambos casos ganó la candidatura vía elecciones primarias, es decir, por el voto popular. Con ello, Trump asumió una representatividad de una parte de la sociedad –no sólo del electorado-estadunidense que funciona dentro del Estado y ausente en las votaciones: la parte social anti Estado capitalista.
La propia configuración de clases dentro de los EE. UU. ha permitido la existencia y funcionamiento de grupos radicales, todos ellos protegidos por la Segunda Enmienda constitucional que permite no sólo la compra libre de armas, sino la organización de milicias armadas al margen de controles del Estado. A lo largo de su existencia, el Estado estadunidense había sabido lidiar con esos grupos.
Un análisis frío de los sucesos del miércoles 6 en el Capitolio podrían llevar a escenarios diferentes a la narrativa de la reina Pelosi. Por principio de cuentas, no fue una insurrección; es decir, no se trató de un levantamiento popular para derrocar al gobierno y al sistema político; los grupos radicales convertidos en turbamulta irrumpieron en la sede del poder legislativo.
POR CARLOS RAMÍREZ