Las eventuales repercusiones políticas adversas para el PAN a causa del proceso de desafuero constitucional ha planteado a los estrategas electorales del partido político la necesidad de adoptar medidas para contrarrestar el impacto del enjuiciamiento que en otras circunstancias no se habían contemplado, como la de entablar alianzas con el PRI, al menos en los municipios más afectados.
Y es que, de acuerdo con una encuesta del Universal,las preferencias y simpatías ciudadanas de Acción Nacional habrían sufrido una drástica caída de 12 puntos porcentuales tras la petición de juicio de procedencia contra el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca.
Encima, la aplicación de la vacuna Anti Covid 19 y el hecho de que a un año de que se registró el primer caso de contagio en el país ninguna de las entidades federativas se encuentra en semáforo epidemiológico rojo sino amarillo y que dos están ya en color verde, le da una imagen positiva al gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador que podría reflejarse el día de las votaciones.
Bajo esas circunstancias, los jerarcas albiazules necesitan, en previsión, ajustar la estrategia electoral la nueva realidad electoral. En Altamira, por ejemplo, en donde las pugnas internas ocasionadas por el proceso de selección de candidatos han impedido establecer un frente unido para cerrarle el camino a la 4T, así como que dos de los candidatos, Ciro Hernández Arteaga y Elizabeth Humhprey, no son militantes, urge sumar al proyecto electoral del partido de Gómez Morín al Revolucionario Institucional, para evitar dificultades y riesgos en las votaciones del 6 de junio.
También necesitan exigirle al precandidato Ciro Hernández Arteaga que cambie el discurso proselitista, eso de decirle a lo ciudadanos no se contaminen, voten por el candidato no por el partido, está causando reacciones de desaprobación en las bases y seguidores de la organización que gobierna Tamaulipas.
Hay quienes coinciden, a propósito, en que, si la elección del candidato del PAN a alcalde de la tierra de Cuco Sánchez se hubiese tomado después de la petición de inmunidad procesal, el elegido no habría sido el ex tesorero, quien, además, por cierto, es fecha que no se ha acercado aún a pedir el apoyo político del grupo que gobierna el municipio.
Una medida similar debería tomarse en ciudad Madero, municipio gobernado por Morena, con los votos del tricolor podrían contrarrestar las circunstancias de adversidad y al mismo tiempo mejorar las expectativas panistas que hasta ahora se vislumbran complicadas. En Tampico la situación es diferente, la previsión de tener de lado de la propuesta de reelección de Chucho Nader a la ex alcaldesa Magdalena Peraza Guerra le garantiza al panismo tampiqueño y demás integrantes de la fórmula electoral una reserva de alrededor de siete mil sufragios para compensar la eventual pérdida de votos ocasionada por la solicitud de retiro de la inmunidad legal.
Obviamente, los que a la inversa del PAN, están optimistas, son los aspirantes de la Cuarta Transformación, confían en que
el cambio de las condiciones políticas causadas por el proceso legal beneficiará a los abanderados del Movimiento Regeneración Nacional, ayudaría, piensan, a la reelección de Adrián Oseguera Kernion, y al mismo tiempo haría competitivos a Edna Rivera en Tampico y Armando Martínez Manríquez en el municipio altamirense.
El que, por otra parte, se mostró muy tibio sobre el caso fue el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza. Al fijar su postura sobre el tema, no respaldó enérgicamente a CDV, como es su obligación, se limitó a señalar que está a favor del Estado de Derecho y que respetará cualquier decisión que ejecute en ese sentido sobre el asunto la autoridad judicial.
La alianza “Va por México”, conformada por el PAN, el PRI y el PRD, no solo no ha salido a apoyar al mandatario tamaulipeco sino que ha permanecido callada.
También resultó sorpresiva la actitud del gobernador Enrique Alfaro. A diferencia del resto de los miembros de la Alianza Federalista, que ofrecieron su total respaldoa la defensa de Cabeza de Vaca y condenaron abiertamente el uso de la justicia con fines políticos, el Ejecutivo de Jalisco se desmarcó y dijo que las declaraciones de los gobernadores sobre el punto son posturas personales no de la agrupación.