Ozuluama.- A más de un mes que el grupo de invasores denominado «San Gregorio» perpetrara el despojo de terrenos y parcelas a residentes del ejido Belisario Domínguez, el temor de un estallido violento es latente y los afectados demandan con urgencia la intervención de las autoridades.
Como se informó, durante la noche del 22 de septiembre el grupo de sujetos portando machetes al cinto ingresaron de manera sorpresiva y casi violenta a los terrenos que por décadas han permitido a familias, las cuales los han hecho producir con el sudor de su frente y en cosa de minutos los vieron en poder de los intrusos.
De ese día de la fecha ya transcurrió más de un mes y es urgente la intervención de las autoridades a fin de que los paracaidistas no se radicalicen e incurran en actos de violencia.
Los afectados han referido que de forma visible estos portan los machetes pero desconocen puedan tener otras armas y solo se han avalado por una sentencia ejecutoria a su favor pero no han presentado las resoluciones de los jueces en documentos.
Por ello esperan la intervención de las autoridades para que mediante los medios legales con los documentos que los avalan y respaldan a ellos como los legítimos propietarios, estas gentes extrañas ajenas a la zona se alejen.
Residentes como Luis Barrios, dieron a conocer qué en el caso de su abuela, ya procedieron a obtener un amparo por parte del juzgado de Tuxpan en donde se les certifica y avala a su familiar como la legal propietaria del terreno.
Para ello se cuenta con el certificado agrario en su momento las cartas de poseción que están inscritas en el Registro Agrario Nacional (RAN) que es una dependencia de nivel Federal.
Agregó qué otros afectados están también procediendo a liberar sus amparos para tener más garantías sin embargo es urgente la presencia de las autoridades.
Por ello hacen un llamado tanto al Gobierno Federal como el gobernador Cuitláhuac García Jiménez para que apoyen la legalidad y hagan valer la justicia y las garantías y eviten este acto que es un auténtico atropelló y una brutal e injusticia.
Por Víctor Montiel/ La Razón
