MÉXICO.- Mujeres que no aceptaron altos puestos laborales por temor a que el aumento de salario causara controversia en sus matrimonios o que utilizaban ropa interior desgastada porque sus esposos no veían la vestimenta como un gasto primordial son los casos que más recuerda Elena Olascoaga, maestra en Género y Desarrollo, al hablar sobre violencia económica.
Este tipo de violencia la define como cualquier acto donde se controlan los recursos económicos o se evita la posibilidad de que una mujer tenga acceso a ellos, ya sea en el ámbito familiar, de pareja, laboral o comunitario. También incluye a las acciones u omisiones de un agresor, en su mayoría del género masculino, para afectar la supervivencia económica.
“Actualmente tenemos derecho a generar nuestros propios ingresos; sin embargo, en una sociedad que ha normalizado la dependencia económica, esta violencia no es tan fácil de percibir, ya que conlleva un control sobre los ingresos de las mujeres que históricamente estaba presente”, comenta a Excélsior.
En México el 29% de mujeres mayores de 15 años ha sufrido al menos un incidente relacionado con violencia económica o patrimonial o discriminación en el trabajo, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2016 del Inegi.
Parte del control sobre la autonomía económica, financiera y patrimonial sobre las mujeres proviene de que se les ha hecho creer que cualquier acto relacionado se hace “por su bien”, asegura Oresta López Pérez, integrante del Laboratorio de Investigación: Género, Interculturalidad y Derechos Humanos en el Colegio de San Luis.
“En los hechos concretos es violencia porque alguien está tomando decisiones sobre la autonomía de las mujeres y lo que está haciendo es mantener el nivel de pobreza femenina. Este desempoderamiento que se genera en nombre de que ellas están bien en su casa es una gran falsedad porque van a tener menos oportunidades de autonomía personal”, asegura a Excélsior.
Por ejemplo, en San Luis Potosí, donde la investigadora coordinó un diagnóstico sobre la violencia que viven las mujeres en 20 municipios, se encontró que más del 50% de las entrevistadas había sufrido este tipo de violencia. Las parejas o exparejas eran los principales violentadores, ya que ejercían acciones que disminuían su autonomía económica.
“Quien más repite e impide que las mujeres de la familia estudien, trabajen o logren su autonomía es el padre, así como familiares en general y las suegras convocan a que las nueras no estudien o trabajen, en el ámbito comunitario está la parte de vecinos”, asegura.
Al ser una violencia sobre el control en la autonomía de las mujeres, en este ámbito entran aquellas parejas que tratan de controlar los pagos en pensiones alimenticias a las madres; quienes obligan a que una mujer cuide de los hijos o personas con alguna discapacidad, o quienes tratan de despojar a las viudas de una herencia que les corresponde.
Más señales
La violencia económica se vive en cualquier ámbito y en ocasiones se cruza con la que es física, sexual y emocional, lo que deriva en un control sobre los ingresos y gastos de la mujer. De esta forma la vuelven dependiente económica ante cualquier decisión que implique bienes materiales o patrimoniales.
Las especialistas comparten algunas acciones que son características de este tipo de violencia:
- Limitaciones encaminadas a controlar el ingreso o percepciones económicas.
- Despojamiento del dinero u objetos de valor, control en horas de entrada al trabajo o pedir permiso para hacer el gasto.
- Ofrecer un salario menor por igual trabajo y dentro de un mismo centro laboral en comparación con un colega masculino.
- Pedir pruebas de embarazo a una solicitante de empleo.
- Que un jefe limite un ascenso laboral por el hecho de ser mujer.
- Transformación, sustracción, destrucción o retención de objetos, documentos personales, bienes, valores, derechos patrimoniales o recursos económicos destinados a satisfacer las necesidades de la mujer.
- Que la pareja maneje las tarjetas bancarias o ingresos económicos del hogar.
- Cuando se registran bienes o propiedades a nombre de la pareja aun cuando la mujer haya contribuido económicamente.
- Decidir que una mujer sea la cuidadora de hijos o familiares con alguna discapacidad sin la oportunidad de que genere ingresos.
- En el medio rural, que los hombres sean quienes se les reconozca la propiedad de la tierra.
- Esconder papeles oficiales e identificaciones como una forma de controlar la movilidad de la mujer.
- Quitarle joyas, autos, artículos de valor u objetos personales.
- Prohibir que la mujer tenga un ingreso extra o que se incorpore al mercado laboral.
- Evitar la conclusión de los estudios o el acceso a oportunidades educativas.
Terminar con la violencia
Olascoaga asegura que salir de una relación en un ámbito donde se ejerce violencia económica suele ser complicado, ya que existe desconocimiento sobre las acciones que pueden llevarse a cabo. Pero también porque al ser dependiente la mujer no tiene un sustento propio o una red de apoyo.
“A veces no salen de la situación por la coerción que existe, lo que hace que se queden. Luego no es porque quieran hacerlo, sino porque realmente no tienen nada, ningún recurso patrimonial, red familiar, ni a dónde ir. Esta dinámica hace que tengan todo que perder y cuando toman la decisión pueden enfrentarse a otras situaciones que las dejan en vulnerabilidad”, dice.
Además de las consecuencias en la salud física, este tipo de violencia genera afectaciones en la salud mental que pueden derivar en depresión o ansiedad, lo que merma el desarrollo integral de las mujeres que les permita sobrellevar el término de este ciclo.
Romper el ciclo de este tipo de violencia tiene que ver con la erradicación de ideas y estereotipos en todos los ámbitos sociales sobre que las mujeres están bien en casa sin recursos o autonomía
“Se debe favorecer que las mujeres vivan el empoderamiento económico, autonomía personal y la decisión sobre sus cuerpos, empleos, sobre sus vocaciones. Es importante que hagamos propuestas alternativas capaces de empoderarlas a que aprendan profesiones y trabajos, a tener autonomía económica que les permita tener mayor oportunidad personal, menos dependencia de sus parejas y llevar adelante los proyectos que quieran hacer”, afirma López Pérez.
Las especialistas coinciden en que a nivel gubernamental es necesaria la creación de un equilibrio que permita a la población acceder a las mismas oportunidades sin importar su género. Por ejemplo, programas de generación de empleo a mujeres, ayuda a madres trabajadoras, apoyo al emprendimiento o auxilio económico a cuidadoras.
CON INFORMACIÓN DE EXCELSIOR
