Al margen de las consideraciones jurídicas, que las tiene, el caso de los financiamientos electorales ilegales en los que Morena ha incurrido, tendría que llevar a una revisión de fondo de prácticas que comprometen el capital ético político del movimiento obradorista.
Si solo se tratara de un asalto al poder con la presunta intención de hacer algo bueno con este poder, podría atribuirse (que no justificarse) a la necesidad de recurrir a cualquier vía para conseguirlo.
El consabido “el fin justifica los medios”, que no es otra cosa que una versión elegante del “haiga sido como haiga sido”.
Pero cuando un movimiento plantea su razón de ser en función del objetivo de terminar con la corrupción o apelar a la exigencia moral de hacer algo contra la injusticia y el abuso, recurrir a prácticas que entrañan corrupción y abuso traiciona las bases mismas de ese movimiento y lo pervierte desde adentro.
El fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a partir de evidencias categóricas, en contra de Morena por el diezmo que le exigió a 550 trabajadores del Ayuntamiento y del DIF en el municipio de Texcoco, presidido entonces por Delfina Gómez, hoy titular de la SEP, es un caso lastimoso.
Quizá no sea de la misma proporción que los montos orquestados presuntamente por Rosario Robles, hoy en la cárcel, pero la intención es esencialmente la misma: financiar ilegalmente y con recursos públicos a su partido político.
La excusa, expresada por la propia Delfina Gómez, de que había sido un acuerdo entre los trabajadores porque ese dinero sería entregado a Morena, es insostenible.
Desde luego, es válido que un grupo de empleados de gobierno acuerden hacer un aporte personal cada quince días para favorecer una causa política en la que creen.
Pero para que eso sea correcto se requieren al menos tres condiciones. Primero, que no sea una petición de la jerarquía sino un acuerdo horizontal entre las bases.
Segundo, que el manejo de los recursos sea gestionado por el grupo mismo. Y tercero, absoluta transparencia en el destino del dinero.
Según la evidencia recabada por las autoridades, ninguna de estas condiciones se cumplió.
La documentación afirma que colaboradores directos de la presidenta municipal orquestaron el descuento automático quincena tras quincena y presionaron a los empleados para que dijeran que se trataba de una aportación voluntaria.
En total 12.8 millones de pesos entregados en su mayor parte a dos militantes de Morena cercanos a Delfina Gómez; una de ellas sería luego su coordinadora de campaña cuando buscó la gubernatura.
Los cheques se endosaban para poder ser cobrados en efectivo, y se etiquetaban con el concepto “aportación al GAP”, es decir Grupo de Acción Política de Morena.
Pero al ser dinero efectivo no hay constancia o seguimiento posterior de esos recursos.
Señalé líneas arriba que se trata de algo lastimoso no solo por el impacto que tiene en la reputación de un movimiento, sino en el efecto puntual sobre personas que fueron despojadas de recursos que necesitaban.
Podemos suponer que, tratándose de nóminas de un municipio, solo una veintena de funcionarios de alto rango tiene sueldos capaces de rendirse a la tentación de convertirse en mecenas.
Pero tratándose de una “ordeña” a más de quinientos empleados, la mayor parte en niveles salariales de 4 a 7 mil pesos, la lesión va directamente al consumo básico de sus familias.
A juzgar por los videos en los que aparecen dos hermanos de AMLO recibiendo recursos en efectivo presumiblemente para actividades políticas, y considerando los escándalos de René Bejarano hace varios años, se trata de prácticas que el movimiento ha considerado coyuntural o sistemáticamente necesarias.
Supongo que habrán juzgado que de alguna manera tenían que contrarrestar la injusta desproporción que significaba luchar en condiciones desiguales contra la maquinaria del PRI y el PAN, financiadas profusamente mediante prácticas legales e ilegales desmesuradas por parte de gobiernos y élites empresariales adversas.
Y seguramente debió abonar a ese sentimiento el hecho de haber sido despojados del triunfo presidencial en 2006 y de haber competido en 2012 sin ninguna posibilidad frente al oneroso aparato peñanietista.
Asumo que eso fue derivando en la penosa conclusión de que solo podrían vencer al enemigo usando sus mismas armas. Sobre todo porque eran sus enemigos los que definían las reglas de la competencia, entre ellas las normas y límites establecidos para financiar los recursos necesarios para competir.
Normas que, en muchos aspectos, favorecen al partido que está en el poder sea este federal, estatal o municipal.
El hecho es que ahora Morena es quien ocupa ese poder.
La pregunta es cómo va a conducirse a partir de este momento (independientemente de que siguen procesos con relación a casos anteriores).
La explicación para sentirse obligado a compensar el terreno desigual ya no es sostenible.
Entre otras cosas porque en todo caso ahora se trata de una desigualdad a su favor. Nunca fue una justificación ética, y ahora ni siquiera es política.
Por el contrario, me parece que dañaría de manera terrible la legitimidad de todo lo que intenta el obradorismo o cualquier movimiento de izquierda o progresista.
Lo creyeron necesario para llegar arriba, ¿seguirán utilizándolo para mantenerse allí? Recurrir desde Palacio, sea federal o estatal, a vías ilegales para asegurar el financiamiento de victorias electorales destruiría toda ilusión de que el obradorismo es un movimiento que genuinamente busca limpiar la corrupción en la vida pública de México.
Una cosa es que pueda conseguirlo o no, pues hay muchos factores involucrados. Pero otra cosa es que la intención esté muerta antes de empezar por no haber sido capaz de sustraerse a su propia corrupción. Lo sabremos pronto.
@jorgezepedap
