CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Los resultados del diagnóstico nacional de supervisión penitenciaria, realizado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, tras varias visitas a los penales del país, arrojaron entre otros resultados, insuficiencias en los servicios médicos, de recursos materiales, de infraestructura.
Así como de servicios de salud, y humana, entre otras, en determinados centros penitenciarios, mismas que no permiten garantizar las condiciones mínimas necesarias que concedan una vida digna en reclusión de las personas privadas de la libertad.
La Comisión ha reiterado su preocupación por las condiciones de sobrepoblación o hacinamiento que algunas cárceles presentan, por lo que ha urgido a un plan para despresurizarlas.
En Tamaulipas, los Centros de Ejecución de Sanciones (Cedes), obtuvieron una calificación general de 5.24, sin embargo, el de Matamoros, de manera individual obtuvo la calificación mas alta con 6.89, seguido del de Nuevo Laredo con 5.15, el penal de Victoria obtuvo ese año una calificación de 4.63 y el penal de Reynosa con la más baja calificación con 4.29. El Cedes de Altamira, no fue incluido en la calificación de los penales del estado.
Algunos aspectos que se señalan como importantes a tomar en cuenta para garantizar la integridad de las personas privadas de su libertad, se encuentran deficiencia en la atención a personas privadas de la libertad en condiciones de aislamiento.
Insuficiencia de programas para la prevención y atención de incidentes violentos, deficiencias en la alimentación, condiciones materiales e higiene de instalaciones para los reos.
Se detectó una inadecuada clasificación de las personas privadas de su libertad, deficiencia en la atención a personas LGBTTTI, insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y desintoxicación voluntaria; pero también la insuficiencia de personal de seguridad y custodia.
Actualmente en los penales del estado, se encuentran 4 mil 055 reos, se trata de 3 mil 820 hombres y 235 mujeres que se encuentran presos por diversos delitos del fuero común y federal.
De la totalidad de personas privadas de su libertad, 3 mil 544 son presos por delitos del fuero común, mientras que 511 enfrentan penas relacionadas con delitos del fuero federal.
El el penal de Reynosa, que de acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) tiene la más baja calificación de los Cedes del estado con 4.29, se detectó durante las visitas del personal de la Comisión, presencia de actividades ilícitas, así como de cobros (extorsión y sobornos).
Esta es la cárcel que presenta más población penitenciaria con mil 053 internos, de ellos 62 son mujeres y en el caso de la clasificación por tipo de delito, 881 son del fuero común y 172 del fuero
federal.
El penal de Victoria que obtuvo una calificación de 4.63, los visitadores nacionales reportaron ejercicio de funciones de autoridad por parte de los internos (autogobierno), así como actividades ilícitas.
Se reportan 938 internos, de ellos 90 son mujeres, que lo coloca en el primer lugar con mayor número de presas en la entidad. Hay 876 prisioneros por delitos del fuero común y 62 que enfrentan penas relacionadas con delitos del fuero federal.
Le sigue en población penitenciaria el Cedes de Altamira con 840 internos, de los que 50 se trata de mujeres, 799 reos enfrentan delitos del fuero común y 41 del fuero federal, es el penal con el menor número de reos federales.
La cárcel de Nuevo Laredo que obtuvo de calificación 5.15 por parte de la CNDH, también anotó en sus visitas, actividades ilícitas, así como de cobros (extorsión y sobornos).
Aquí se reportan 509 internos, de los que 48 son del fuero federal y 461 del fuero común; también hay solo tres mujeres presas, es el penal con el menor número de internas femeninas, de ellas, dos enfrentan acusaciones por delitos federales.
El Centro de Ejecución de Sanciones de Matamoros con la calificación más alta con 6.89, de acuerdo con la Comisión de Derechos Humanos, reporta 713 internos, de los que 30 son mujeres. Hay también 188 internos
del fuero federal y los restantes 525 del fuero común.
Hasta el momento, ninguna de las cárceles de Tamaulipas reporta sobrepoblación, así quedó anotado en el reporte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sin embargo, en el caso de Altamira, Reynosa y Nuevo Laredo, a nivel nacional se ha señalado que desde estos penales, han salido llamadas de extorsión.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos, apunta a considera necesario fomentar un programa de despresurización que permita, sin demérito de los requisitos exigidos, mayor agilidad en el otorgamiento de beneficios preliberacionales (libertad condicionada y libertad anticipada).
Así como la sustitución de la pena privativa de libertad y revalorar la pertinencia de la aplicación de la prisión preventiva oficiosa ya que, desde la reforma en 2019 del artículo 19 de la Constitución Federal y, recientemente de otras que se aplicaron a ese artículo constitucional así como al numeral 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales y el artículo 2o de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, el ingreso de personas bajo esa medida cautelar ha ido en aumento, situación, que dicho sea de paso, ha afectado en mayor porcentaje a las mujeres.
POR PERLA RESÉNDEZ
EXPRESO-LA RAZÓN
